Quién sabe cómo se convenció el presidente López Obrador de que era buena idea dejar que el Ejército y la Marina se encargaran de la campaña de distribución y vacunación contra el Covid-19.

No hace mucho pensaba que si la “coca cola y las sabritas’’ llegan a todo el país, hasta el más remoto de los municipios, ¿por qué no utilizar ese método de reparto?

No es por minimizar la disposición de las Fuerzas Armadas y de la Marina, pero dejar que se encarguen de la campaña de vacunación más importante en la historia del país, incluso más que aquella contra la poliomelitis, les representa una carga que los distrae de la tarea que todo México desea que cumplan y que es reforzar el combate a la delincuencia organizada.

Ni la Marina ni el Ejército tienen el número de enfermeras y médicos que se requieren para vacunar a toda la población, sencillamente porque esa no es la misión para la que fueron creadas ambas instituciones.

A lo mejor no está bien explicado el papel de las Fuerzas Armadas en esta campaña, quizá solo organizarán.

No se entendería de otra manera el desperdicio de talento y experiencia de los miles y miles de médicos y enfermeras del sector salud y de los hospitales privados.

Si se trata de dar seguridad al traslado de la vacuna -cuando llegue-, también está en entredicho tal seguridad.

Ahí están los videos que todo el año hemos visto en donde cualquier hijo de vecino agrede a militares que por órdenes superiores están impedidos de decirles siquiera un improperio.

Muchos legisladores de Morena se rasgaron las vestiduras el sexenio pasado porque decían que se quería militarizar al país.

Ahora que está ocurriendo, callan como momias.

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Mal, muy mal le fue a la industria farmacéutica nacional en la reunión convocada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

La reunión tuvo como objetivo informar sobre la licitación de medicamentos para el próximo año.

La industria nacional, representada por la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, fue invitada para escuchar lo que ya les había advertido: que todos los medicamentos que provengan del extranjero tendrán sus registros sanitarios de forma exprés, máximo dos días para el permiso de importación y 5 días para los registros sanitarios.

Lo curioso, malo, del asunto es que la Cofepris, representada por la comisionada de Autorización Sanitaria, América Orellana, ni siquiera se refirió a la industria nacional, toda la atención e información fue para la industria extranjera.

Y eso que la UNOPS indicó que en este proceso “se promueve una competencia abierta y en igualdad de condiciones para el mercado mexicano e internacional’’, lo cual es absolutamente falso pues los medicamentos extranjeros tendrán un proceso fast track de cinco días para la obtención de su registro sanitario y los mexicanos, si es que les dejan algo, de 180 días.

¿Cuál igualdad, cuál piso parejo?

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Parece que al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, los señalamientos que ha hecho en su contra Emilio Lozoya lo tienen sin cuidado.

Tan es así, que el funcionario anunció ayer que el estado recibirá una inversión superior a los 3,300 millones de dólares derivado de los contratos adjudicados a empresas privadas para la exploración y explotación de hidrocarburos.

Esto, de acuerdo a datos revelados por la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI).

Con este anuncio, Tamaulipas se consolida como uno de los tres estados que más inversión extranjera directa ha recibido en el año, en buena medida a las facilidades que ha concedido el Gobierno estatal.

Lo otro se ha quedado en dichos hasta ahora.

LEG