Por la casa, por ahí debería empezar el Gobierno federal una verdadera regulación del outsourcing.
En las últimas semanas hemos escuchado varias voces que afirman querer acabar con una práctica que ha sido mal llevada y ha dejado como consecuencia la falta de seguridad social para los trabajadores, sin embargo, resulta que el propio Gobierno es uno de los principales empleadores bajo este esquema.
De acuerdo a la estadística, el Banco del Bienestar, emblema de la Cuarta Transformación, es la dependencia que más recursos ha pagado a empresas que se dedican a administrar al personal subcontratado, es decir, es la mayor contratista por outsourcing.
Pero hay más estadística que obligaría al Gobierno a poner el ejemplo y terminar con los abusos a la clase trabajadora. De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), entre 2019 y 2020 esta administración asignó más de 50 contratos a empresas de outsourcing por un monto aproximado a cinco mil millones de pesos.
MCCI, además, indicó que prácticamente en todas las dependencias del Gobierno se tiene contratado a personal bajo esta figura, es entonces cuando debemos exigir se actúe con congruencia y empezar a otorgar derechos y seguridad social a todos los trabajadores al servicio del Estado.
Uno de los principales impulsores de la erradicación del outsourcing es el morenista Napoleón Gómez Urrutia, él elevó incluso a delincuencia organizada este tipo de contratación y pidió cárcel a los patrones que tuvieran personal en este esquema. ¿Acaso Napillo estará pidiendo encarcelar al Presidente y a los titulares de dependencias?
En estos momentos de crisis y en medio de la pandemia de Covid-19 se debe atraer la inversión para intentar recuperar los empleos perdidos y no amenazar a los empresarios que aún confían en México con enviarlos a la cárcel por dar empleo bajo un esquema que bien utilizado es benévolo.
El outsourcing está contemplado en la Ley Federal del Trabajo desde el 2012, pero hay que hacerla cumplir y en su caso adecuarlo para que patrones y trabajadores guarden una relación de equilibrio y se garantice la seguridad social de los colaboradores y la viabilidad de las empresas. Esperemos ver un verdadero cambio desde la 4T en favor de la clase trabajadora.
Donde también propusimos un cambio fue en la Cámara de Diputados, en la que presenté tres reservas a aplicar en el Nuevo Programa para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, donde incluí que el Presupuesto de Egresos de 2021 especifique los mecanismos y montos que sustituirán el Fondo Minero.
También solicité la modificación del Ramo 10 para que se asigne a estos fines tres mil 500 millones de pesos, mismos que pueden obtenerse del rubro de adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Con este monto se podrán impulsar obras de drenaje, pavimentación e iluminación en las ciudades mineras del país y así apoyar a las comunidades y elevar los niveles de vida.
De la minería dependen de manera directa más de 379 mil trabajadores que a diario laboran arduamente para seguir haciendo de ésta una de las actividades industriales más importantes para el crecimiento de nuestro México.
@CarlosPavonC