Administra la iniciativa privada ocho de los 20 penales federales

Mientras que en un centro estatal el costo por interno es de $250, en los privados es de 3 mil pesos

Administra la iniciativa privada ocho de los 20 penales federales
Foto: Cuartoscuro / archivo A escala nacional, los penales estatales suman 274 con un costo por personal privada de su libertad de 250 pesos diariamente

De los 19 Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) y un Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ocho corresponden a un Contrato de Prestación de Servicio (CPS); es decir, con iniciativa de asociación público privada, que iniciaron su construcción en la administración de Felipe Calderón, con un costo por interno de alrededor de tres mil pesos por día.

A escala nacional, los penales estatales suman 274 con un costo por personal privada de su libertad de 250 pesos diariamente.

En la presente gestión han sido desincorporados tres Ceferesos que son: El No. 2 en Puente Grande Jalisco; No. 6 en Huimanguillo, Tabasco; y el Complejo Penitenciario Islas Marías, que abarca Bugambilias, Aserradero, Morelos y Laguna del Toro.

El 29 de octubre pasado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el cierre es resultado de una reorganización administrativa para hacer eficiente el uso de los recursos y combatir posibles actos de corrupción. Las acciones han generado un ahorro para el erario público de dos mil 500 millones de pesos.

Elena Azaola Garrido, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), reiteró que el costo por interno en los penales con CPS es aproximadamente de tres mil pesos por cada día.

“Si se los llevaran a un hotel de lujo ni siquiera les costaría tres mil pesos al día y comparado con 250 pesos, en promedio, que se paga en los penales estatales, se está pagando 10 veces más”, manifestó en una entrevista con 24 HORAS.

El Gobierno pagará a las empresas privadas el financiamiento de la construcción de estas prisiones por un periodo de 20 años a partir del inicio de su operación y anualmente se destinan 200 millones de pesos.

Dentro de los CPS se encuentra el Cefereso 11 en Hermosillo, Sonora, que fue inaugurado en octubre 2012 y es uno de los más grandes del mundo, construido en tiempo récord de 13 meses, cuenta con una capacidad para dos mil 520 internos.

En el discurso previo a la inauguración del penal, el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna –actualmente detenido en Estados Unidos– comentó que el nuevo modelo penitenciario estaría basado en sistemas de inteligencia para el control carcelario, infraestructura, sistemas de seguridad para custodia y formación de personal penitenciario.

Otro de los Ceferesos es el No. 12 en Ocampo, Guanajuato; inaugurado en octubre de 2012, tiene una capacidad para dos mil 520 internos.

También cuenta con 128 edificios en un predio de 80 hectáreas, cinco módulos de internamiento, dos módulos de Centro de Observación y Clasificación, clínica hospital con 23 camas, laboratorio de análisis clínicos, rayos X, quirófano.

Azaola Garrido calificó como un error grande la construcción de los penales de la IP y ahora la actual administración quiere concentrar a los internos en estos lugares.

“El Gobierno actual está tratando de remediar las cosas de hacer un manejo más razonable, porque de otro modo es un dispendio de recursos horrible, esa racionalidad económica tiene afectación para la vida de las personas”.

Indicó que en toda esta historia lo que no toman en cuenta es la vida de la gente, que fue primero llevada a un penal y ahora la mueven a otro.

“Parece como si fueran fichas en un tablero de negocios o de una racionalidad económica que está moviendo a los internos y al personal, sin ver las enormes repercusiones, porque no son fichas en un tablero, son personas que tienen su vida, juicios organizándose de cierta manera y en cierta localidad.

Por otra parte, en 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que, en los Centros Prestadores de Servicios persistían deficiencias en la supervisión de las autoridades al interior de los centros, maltrato de elementos de seguridad y custodia hacia los internos, encierros prolongados en estancias, insuficiencia de personal médico, de enfermería y deficiencias en el suministro de medicamentos.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura comprobó durante las visitas el trato y las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad en esos lugares, también constató que prevalecía la insuficiencia de personal técnico, de seguridad y custodia, y la falta de actividades laborales remuneradas.

Así como de capacitación, educativas y deportivas, la irregular realización de llamadas telefónicas y comida insuficiente.

LEG