Este 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que desde 1999 se organiza para visibilizar y llevar a la opinión pública la urgencia de emprender acciones para poner un alto a las agresiones contra mujeres y niñas que diariamente se cometen en todo el mundo. A partir del 2008, por iniciativa del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el 25 de cada mes se conoce como Día Naranja, como parte de una campaña de largo plazo que se proyecta hasta 2030.
Aunque la violencia de género no conoce fronteras, llama la atención el hecho de que 14 de los 25 países con más casos de feminicidios se encuentren en América Latina y el Caribe, de acuerdo con datos de la CEPAL. Por su parte, ONU Mujeres advierte que en nuestro país vivimos una crisis humanitaria en esta materia, la cual se vio agravada por las medidas de confinamiento derivadas de la pandemia provocada por el Covid-19; ello demuestra que mujeres y niñas sufren también violencia al interior de sus hogares, donde deberían estar a salvo.
Es importante reconocer que, lamentablemente, las mujeres y las niñas en México no se encuentran seguras prácticamente en ningún lugar. Además de la violencia familiar, se debe contemplar la que se ejerce en la comunidad, la laboral, el hostigamiento y el acoso sexual, la violencia docente e institucional, todas reconocidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que pueden ser psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y cualquier otra modalidad que dañe su dignidad.
Esta situación resulta insostenible para nuestra sociedad, pues lesiona profundamente el tejido social y la confianza de la población en las instituciones, ante la incapacidad de erradicar o, por lo menos, disminuir de manera significativa las violencias que se ejercen contra las mujeres y las niñas, así como la impunidad que impera en la comisión de delitos en su contra, lo que repercute en el bajo porcentaje de delitos denunciados por mujeres, que es de tan solo el 6.3%.
Usualmente, las mujeres que intentan acceder a la justicia son revictimizadas por un sistema insensible a su dolor, y por servidoras y servidores públicos poco capacitados para incluir la perspectiva de género en cada una de las etapas del proceso judicial. En este sentido, los esfuerzos institucionales se deben concentrar tanto en la prevención de delitos, localizando eficientemente contextos de riesgo, como en la intervención oportuna, por ejemplo, con protocolos de atención a víctimas y sus familiares, que respeten plenamente los derechos humanos y garanticen el procesamiento de los perpetradores, y el acceso a la verdad y la reparación.
En consonancia con la transformación política que vive la nación, la lucha feminista ha ido ganando terreno en el plano institucional. El informe anual de resultados 2019 de ONU Mujeres México señala que nuestro país ocupa el quinto lugar del ranking mundial de mujeres en el Parlamento, con un 48.2 % de presencia femenina en la Cámara de Diputados, y con el 49.2 % en la Cámara de Senadores; en el gabinete presidencial ocupa el 37%, pues de las 19 Secretarías de Estado, sólo siete son encabezadas por mujeres, entre ellas, la Secretaría de Gobernación, que por primera vez en la historia es presidida por una mujer; a nivel municipal, la cifra cae hasta el 22.7%, y de las 32 entidades federativas, sólo dos son gobernadas por mujeres.
En el Poder Judicial, la representatividad femenina en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es del 27.2 %; en la Sala Superior del Tribunal Electoral, del 28.6 %, mismo porcentaje que en el Consejo de la Judicatura. A nivel local, los tribunales superiores de justicia cuentan con un 31.1 % de presencia femenina, y los consejos de la Judicatura Estatal, con un 27.9 %.
Cabe destacar que entre las reformas propuestas para y por el Poder Judicial se contemplan modificaciones y nuevos ordenamientos, con el fin de garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres, y que serán discutidas y votadas próximamente por el Congreso.
La voluntad de servidoras y servidores públicos resulta crucial para emprender acciones concretas para erradicar la violencia de género, tal como lo declaró Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, quien asemejó la pandemia de Covid-19 con la pandemia de violencia contra mujeres y niñas, al afirmar que si líderes mundiales, fiscales, personas juzgadoras y policías se dedicaran exclusivamente a salvar vidas de mujeres con el mismo empeño que el personal médico, habría avances más significativos.
El Día Naranja representa la esperanza de todo el mundo para erradicar la violencia de género; se nutre de acciones positivas que abonen a la cultura de la no violencia, del combate eficaz al crimen organizado —responsable, en buena medida de este tipo de violencia—, de la presencia de mujeres en puestos de toma de decisiones en los ámbitos público y privado, y del respeto integral a su dignidad y a la lucha feminista.
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