José Joel Peña Llanes

 

A partir del 1 de enero de 2021, con acuerdo o sin acuerdo, el Derecho de la Unión Europea ya no aplicará en el Reino Unido y el país abandonará definitivamente el mercado común y la unión aduanera, lo que implica, entre muchos otros elementos, que dejarán de aplicar sin restricciones las cuatro libertades fundamentales (circulación de mercancías, capitales, personas y servicios), afectando principalmente a las ciudadanas y los ciudadanos británicos y europeos.

Es así como inicia la cuenta regresiva para que la Unión Europea (UE) y el Reino Unido -tras la salida oficial de este último del bloque regional, concretada el 31 de enero de este año-, lleguen a un acuerdo en términos comerciales que conlleve beneficios mutuos.

Si bien es cierto que en las últimas semanas los equipos negociadores han hecho esfuerzos importantes para concretar dicho objetivo, en consonancia con el Acuerdo de Retirada que entró en vigor el pasado 1 de febrero y con la Declaración Política que establece las relaciones bilaterales futuras, aún existen temas sensibles, como las cuotas de pesca en el mar territorial británico, las ayudas estatales y las garantías de una competencia leal, que no permiten concluir un texto jurídico acorde con los intereses de ambas partes.

El peor de los escenarios es, sin duda alguna, una salida sin acuerdo, pues uno de los muchos efectos será la aplicación de cuotas y aranceles al comercio bilateral. Ambas partes, si así lo desean, tendrán que negociar posteriormente un tratado de libre comercio como lo harían con cualquier otro Estado del orbe en términos de las reglas de comercio internacional. De hecho, el Reino Unido ya comenzó a buscar áreas de oportunidad, siendo el ejemplo más reciente el acuerdo comercial posbrexit que cerró con Canadá para garantizar el intercambio comercial. Lo anterior, toda vez que casi 43% de las exportaciones británicas tienen como destino los Estados miembro de la UE.

En el mejor de los casos, es decir, que ambas partes finalicen las negociaciones comerciales antes del 31 de diciembre, será indispensable un último esfuerzo titánico, sobre todo porque el tratado formal, además de traducirse a los 24 idiomas oficiales de la UE, deberá ser ratificado por los parlamentos Británico y Europeo, existiendo la posibilidad de que además se someta a consideración de los 27 parlamentos nacionales de los Estados miembros de la UE.

La incertidumbre, palabra con la que más se ha caracterizado este proceso, continúa latente, pues ambas partes, además de gastar recursos en las negociaciones, se enfrentan a múltiples crisis derivadas de la pandemia de Covid-19, buscando mitigar su impacto socioeconómico y apoyando la recuperación. Este escenario se vería agravado si se concreta un Brexit sin acuerdo, por lo que resulta indispensable avanzar hacia el lado opuesto.

En el transcurso de esta semana se espera (y con muchas ansias) que los líderes de las partes involucradas, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, sostengan una conversación para destrabar el proceso, aunque esto aún no está confirmado. No nos queda más que esperar una racha de voluntad política.

El autor es doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., doctorando en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestro en Estudios en Relaciones Internacionales y licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

 

                                                                                         josejoel89@hotmail.com