La detención en Los Ángeles del ex secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, fue una noticia que cimbró a medios de comunicación de todo el mundo, pero también al Gobierno de México, ya que se comunicó de este evento a la Secretaría de Relaciones Exteriores una vez consumado el arresto, lo que constituyó una omisión por parte de las autoridades estadounidenses de compartir con nuestro país información en materia de seguridad, y así fue reportado por el canciller mexicano Marcelo Ebrard a Christopher Landau, embajador de los Estados Unidos,.
En el Senado de la República, la Junta de Coordinación Política también dirigió una carta al embajador Landau, con cuestionamientos respecto a la versión oficial de la investigación y detención del exfuncionario, y mediante la cual se solicitaba una explicación sobre la falta de comunicación con las autoridades mexicanas.
Gracias a las comunicaciones diplomáticas, el Gobierno mexicano recibió por parte de autoridades norteamericanas un documento con información detallada del caso, mismo que fue turnado a la Fiscalía General de la República, en virtud de las referencias a probables ilícitos vinculados con el caso Cienfuegos, lo que permitió que se abriera una investigación bajo la jurisdicción de nuestro país.
Producto de la cooperación diplomática entre ambas naciones, el 16 de noviembre fiscales estadounidenses presentaron ante el tribunal federal de Nueva York la solicitud para desestimar las acusaciones contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda; al día siguiente, el fiscal Alejandro Gertz Manero y su homólogo William Barr emitieron una declaración conjunta por la cual hicieron pública la decisión de buscar desechar los cargos, y para el 18 de noviembre, la jueza Carol Amon aceptó la solicitud, con el fin de permitir el desarrollo de las investigaciones en México, manteniendo la cooperación y, sobre todo, ateniéndose al debido proceso bajo el cual el general Salvador Cienfuegos será inocente hasta demostrarse lo contrario.
Este caso no se trata de una extradición, sino de un esfuerzo de cooperación para dejar en manos de las autoridades nacionales la investigación en torno a probables conductas realizadas por un exfuncionario de alto rango de nuestro país. En este sentido, se trata del reconocimiento al combate a la impunidad que se lleva a cabo a nivel federal, y es una muestra de la confianza que existe en las instituciones de impartición de justicia de nuestro país.
Con estas acciones, las autoridades de la Unión Americana demuestran que respetan la jurisdicción de nuestro país y que valoran la sólida asociación institucional entre ambas naciones para formar un frente unido contra la criminalidad. Será labor de la Fiscalía General de la República, como organismo autónomo, determinar si se emite orden de aprehensión contra el ex titular de la Sedena.
Con el fin del viejo régimen se extinguió también el pacto de impunidad que en el pasado impidió encausar a altos mandos, por lo que existen altas expectativas de que el proceso de investigación sea impecable y ejemplar.
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