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FOTO: CUartoscuro/archivo Para el doctor en Economía, antes de proponer la eliminación, el Gobierno federal tuvo que explorar otras opciones para presionar a las empresas y regular el outsourcing.  

La iniciativa del Gobierno federal para eliminar la subcontratación o outsourcing tiene buenas intenciones pero en el corto plazo, de aprobarse, traerá más afectaciones a los trabajadores y a la economía del país, consideró Luis Antonio Andrade Rosas, investigador de la universidad La Salle.

En entrevista con 24 HORAS, señaló que el Gobierno federal tendría beneficios como una mayor recaudación tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), lo que ayudaría a paliar la crisis generada por la epidemia.

Sin embargo, los trabajadores contratados por outsourcing serían los primeros perjudicados porque las empresas no cederían y tratarán de buscar estrategias para recuperar sus pérdidas.

De entrar en vigor, la eliminación del outsourcing generaría desempleo porque los corporativos podrían optar por eliminar sus plazas subcontratadas y reasignar esas actividades a empleados que están debidamente registrados.

Otra de los riesgos es la reducción de salarios pues los costos de cuotas e impuestos laborales se trasladarán a los trabajadores y no las patronas, quienes decidirán bajar los sueldos para compensar esos pagos.

A su vez, en caso de un panorama complicado, las empresas transnacionales, donde la mayoría de empleados está subcontratada, optaría por sacar su capital de México y mudarse a otro país con más flexibilidad.

Señaló que las empresas se ahorran hasta un 30% de su gasto de operación con la subcontratación, por lo que su eliminación derivará en un aumento de precios de productos y servicios para compensar esa pérdida.

Para el doctor en Economía, antes de proponer la eliminación, el Gobierno federal tuvo que explorar otras opciones para presionar a las empresas y regular el outsourcing.

Según el experto, la subcontratación no es tan mala como la pinta el Gobierno, pues genera movimiento de la economía y los trabajadores bajo ese régimen, aceptan las condiciones, la mayoría de ocasiones, porque los salarios son muchos más altos, aunque no generen antigüedad ni prestaciones.

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