Primero se acabaron “los guardaditos”, después fueron por los Fondos y Fideicomisos públicos, y ahora quieren los recursos de los trabajadores del Estado.
Bien dicen que pedir no empobrece y el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez no dejó pasar la oportunidad para pedirle a los senadores reformas que le permitan usar 108 mil millones de pesos, ¿de quién?, por supuesto, de los trabajadores.
Para Ramírez, esos recursos, de los que no puede disponer ya que la ley se lo prohíbe, deben ser usados para invertir en infraestructura, contratar médicos, y no estar en las cuentas bancarias.
Por ello, les pidió a los senadores cambiar la ley para poder usar ese dinero; sí, a los mismos senadores que hace unas semanas eliminaron el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y ahora hay cientos de damnificados en Tabasco por inundaciones a causa del desfogue de la presa Peñitas y la creciente de ríos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que, ahora hay una bolsa de 500 mil millones de pesos para atender las emergencias y con el Fonden existían límites presupuestales, pero no ha dicho lo más importante: cómo hará llegar los apoyos a los damnificados, ante la falta de reglas de operación.
López Obrador lleva apenas dos años en el cargo y ya ha tenido que hacer uso de los recursos ahorrados en los gobiernos neoliberales para enfrentar las contingencias, pareciera que trazó la política de su gobierno en el imaginario de un país perfecto, sin sismos, huracanes, inundaciones ni pandemias.
Esta situación enciende cualquier alerta económica, pues qué va a pasar en dos años cuando ya no tenga más fondos de los cuales disponer, y su mal entendida austeridad no le alcance para solventar los recursos perdidos.
La preocupación no es menor, a México lo están desfondando y no se aprecian políticas públicas certeras, en medio de la peor crisis, ocasionada en parte por la pandemia, que logren recuperar el crecimiento económico.