Es bien sabido que previo a las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, se lleva a cabo una reunión con su gabinete de seguridad y uno de los puntos nodales en los últimos meses ha sido la actualización de la Red Nacional de Radiocomunicación (RNR).
Se trata de la red que funge como la principal herramienta de comunicación entre los “cuerpos de seguridad y protección civil de todo el Estado Mexicano”, llámese la Guardia Nacional, de Luis Rodríguez Bucio; la Secretaría de la Defensa Nacional, de Luis Cresencio Sandoval; la Secretaría de Marina, de Rafael Ojeda Durán; así como las policías estatales y municipales que se encargan de salvaguardar la seguridad de los mexicanos.
Para que no sea vulnerada por el crimen organizado, ésta debe ser actualizada para garantizar su efectiva interoperabilidad entre las entidades de los tres niveles de Gobierno, por lo que el tema no es menor, incluso, fue uno de los pendientes que ocupaba el ex Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, ahora contendiente a la gubernatura de Sonora y que en su lugar estará Rosa Icela Rodríguez dejando próximamente la coordinación de Puertos y Marina Mercante, nombrada apenas en julio pasado.
Así, la necesidad de actualización se viene trabajando desde 2017, cuando el Consejo Nacional de Seguridad Pública instruyó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que hoy lleva Leonel Cota Montaño, para que, en coordinación con la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, realizara un diagnóstico de la RNR; mismo que estuvo a cargo del Instituto Politécnico Nacional, dada su experiencia y neutralidad en el tema.
Actualmente, la red que interconecta, a través de 110 mil terminales a casi 200 mil elementos de las fuerzas federales, de los 32 estados y cerca de 200 municipios, es operada bajo la tecnología Tetrapol de la firma Airbus, a través de su división Secure Land Communications (SLC), que lleva aquí Fred Gallart, compañía francesa cuya tecnología es utilizada en países de primer mundo como España y el Reino Unido.
La intención del Gobierno de la 4T es homologar esta tecnología para que los 32 estados de la República cuenten con una interoperabilidad que además les ayude a integrar nuevos desarrollos como complementarios como son los sistemas de Localización Vehicular, Videovigilancia, transmisión de video, entre muchos otros, además de contribuir a la atención inmediata y oportuna de las llamadas de emergencia a través del 9-1-1.
En el estudio a cargo del IPN, de Mario Alberto Rodríguez, se determinó la “RNR debe continuar su modernización al protocolo IP” y recomendó que la ruta más económica a la actualización es en la misma plataforma Tetrapol. Hablamos de 1,393 millones de pesos, que resultarían seis veces menor que invertir en una red nueva.
Sobre todo, porque esa interconectividad con otras tecnologías alternas instaladas en algunos estados del país de la que hablamos estaría garantizada, por lo que es innecesario y hasta más caro migrar a una red nueva.
Ejemplo de esto son los estados de Querétaro, de Francisco Domínguez, quien ya complementa sus comunicaciones basadas en esta tecnología de banda ancha; al igual que Jalisco, de Enrique Alfaro, quien invirtió 298 millones de pesos para la modernización de su infraestructura en la red, siendo dos de varios Gobiernos que han adelantado y garantizado la operatividad de sus redes hasta 2030.
Así, se trata de no solo actualizar, por lo que aprovechar la infraestructura actual parece ser la opción más viable y la que más ayudará a que los cuerpos de seguridad cuenten con una herramienta fundamental para velar por la seguridad de todos los mexicanos, más en tiempos de austeridad y tecnología.
@1ahuerta