El Gobierno ha minimizado la inconformidad que diez gobernadores manifestaron desde hace meses por la forma en la que se reparte el presupuesto federal.
Los llamados gobernadores federalistas (Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Jalisco, Colima y Aguascalientes), advirtieron ayer sobre el rompimiento del pacto federal si el
Gobierno “sigue haciendo oídos sordos a nuestros reclamos’’.
Básicamente, lo que demandan los gobernadores es un mejor reparto del presupuesto, que no desaparezcan los fideicomisos y que se les entreguen a los estados recursos suficientes para atender la crisis sanitaria derivada de la pandemia.
El presidente López Obrador se reunió hace unas semanas con la agonizante Conferencia Nacional de Gobernadores y prometió atender las demandas de cada uno en particular.
No ha habido reuniones posteriores y los gobernadores se sienten timados.
¿Qué tan en serio debe tomarse la advertencia de este grupo de mandatarios estatales y en qué consistiría romper “el pacto federal’’?
Todos acusan una reducción de su presupuesto en los últimos dos años y la amenaza de que en que se discute para 2021, el recorte será mayor.
Dos ejemplos: para este 2020, Chihuahua tuvo un presupuesto federalizado (ramos 28 y 33) por 54,980 millones de pesos; para el 2021, tiene un presupuesto de 52,363.8 millones de pesos, una reducción del 7.9%.
Durango tuvo presupuestado para este 2020 aportaciones federales por 29,956.9 millones de pesos, mientras que para el 2021 el presupuesto será de 29,133.9 millones, una reducción del 6%.
La exigencia de un mejor reparto tiene que ver con el sentimiento añejo de que, por ejemplo Nuevo León y Tamaulipas, son dos de los estados que más suman al PIB nacional y lo que reciben de la Federación no es recíproco a esa aportación.
Romper el pacto significaría que los estados dejarían de enterar los recursos recaudados por impuestos a la Federación y que cada quien se rasque como pueda.
¿Balandronada o aviso a tiempo?
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El ex coordinador de Programas Sociales de la Secretaría del Bienestar en San Luis Potosí, Leonel Serrato Sánchez, fue denunciado ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por hacer proselitismo a su favor utilizando el padrón de beneficiarios de dichos programas.
La denuncia fue interpuesta por Verónica Díaz de León, integrante de Morena, quien pidió un procedimiento sancionador en contra del ex funcionario.
De acuerdo con la queja, Serrato Sánchez sigue utilizando los uniformes de la Secretaría del Bienestar, la simbología del Gobierno federal y el padrón de beneficiarios para promover sus aspiraciones a la gubernatura del estado con lo que viola no solo los reglamentos de Morena sino además el artículo 134 de la Constitución Mexicana.
Lo bueno es que eran distintos, que si no.
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En Tuxtla Gutiérrez comienza a calentarse el ambiente de cara a la elección de los candidatos a la presidencia municipal, ahora en manos del morenista Carlos Morales Vázquez.
Cuando rindió protesta, en octubre de 2018, Morales dijo que recibía una administración quebrada, caótica y responsabilizó a cinco anteriores presidentes municipales de la situación.
Al parecer no pudo resolver gran cosa como lo demuestran las encuestas. Al quite se prepara el diputado local Emilio Salazar Farías, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso estatal.
Salazar ha sido cuatro veces diputado -una federal- y puntea las encuestas…pero del Partido Verde Ecologista en el que milita.
El legislador le apuesta a una gran alianza con el PRI, el PAN, lo que queda del PRD y partidos locales para arrebatarle a Morena el Gobierno de la capital.
Falta mucho aún, pero bien dicen que al que madruga…
AR