Este miércoles se aprobó en el Senado de la República la extinción de 109 fideicomisos que dependían del Poder Ejecutivo, con lo que se dio cumplimiento al compromiso 37 que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo con el pueblo de México en el histórico 2018, y que representa un gran paso hacia la rendición de cuentas, la transparencia y el combate efectivo a la corrupción, ya que la opacidad y la discrecionalidad que permiten estos mecanismos fueron campo abierto para irregularidades que le representaron miles de millones de pesos a la hacienda pública.
Textualmente, el compromiso 37 establecía: “se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”, y es que a pesar de que estas figuras jurídicas pueden ser de mucha utilidad en el ámbito privado, resultan poco eficientes para el manejo de recursos públicos, entre otras razones, porque 1) en ocasiones carecen de estructura orgánica, lo que dificulta su fiscalización; 2) la rendición de cuentas se limita a importes totales, sin explicar ni justificar el gasto, y 3) establecen intermediación entre el Estado y los fideicomisarios, es decir, las personas destinatarias finales de estos recursos.
A propósito, la sesión del miércoles 21 de octubre se llevó a cabo en la antigua sede del Senado —la casona de Xicoténcatl—, debido a que los accesos de las nuevas instalaciones se encontraban bloqueados por manifestantes que se pronunciaban en contra de la desaparición de algunos de estos fideicomisos. No obstante, como se expresó en tribuna, a quienes pudieran sentir que se vulneran sus derechos se les garantizarán recursos a cargo del presupuesto y a través de las secretarías competentes, pues la mayoría parlamentaria tiene un alto compromiso social de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
Estas modificaciones a diversos ordenamientos no sólo fueron un compromiso del presidente López Obrador, sino una propuesta de campaña respaldada por la votación histórica que cambió el rumbo de nuestra nación en 2018, y se encuentra en consonancia con la Ley Federal de Austeridad Republicana, la cual establece en su artículo octavo transitorio la importancia de analizar la normatividad, el patrimonio, los objetivos y la eficacia de los fideicomisos públicos, para la elaboración de proyectos presupuestarios correspondientes.
A pesar de la resistencia de quienes en el pasado disponían a discreción del dinero público, sin rendición de cuentas y sin medición de objetivos, hemos cumplido un compromiso más de la Cuarta Transformación. Es importante señalar que los recursos no iban directamente a personas dedicadas al periodismo, la investigación o el deporte, sino a un fideicomitente que integraba los recursos federales a su patrimonio y evitaba la transparencia a través del secreto bancario, del secreto fiduciario o con el argumento de que los documentos administrativos del fideicomiso eran de carácter privado.
Ahora los recursos serán asignados a través del Presupuesto de Egresos, siguiendo los principios de planificación, anualidad, previsión, claridad, publicidad y exactitud, con lo que se garantiza una mayor rendición de cuentas y transparencia, eliminando la intermediación privada, para llegar directamente a las personas que necesitan los recursos, lo que a su vez generará ahorros que podrán ser utilizados para combatir los efectos adversos generados por la pandemia de Covid-19 sobre la salud pública y la economía nacional.
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