La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados aprobó la minuta enviada por el Senado de la República por el que se resuelve la procedencia y trascendencia de la petición de consulta popular promovida por el Presidente de la República.
El dictamen fue aprobado con 17 votos a favor y cinco en contra y se turnó a la Mesa Directiva para que sea programada su discusión y votación en el Pleno.
La consulta, impulsada por el Ejecutivo federal, pretendía que se preguntará a los ciudadanos sobre la pertinencia de juzgar o no a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que sea “sobre las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”.
La organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), conforme a la metodología que apruebe, y ese organismo será la única instancia calificadora. El ejercicio se llevará a cabo el 1 de agosto de 2021.
La pregunta de la consulta popular será: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
El diputado Felipe Macías (PAN) comentó que la ley no se consulta, sino que se aplica y lo único que se necesita es realizar denuncias contra expresidentes ante la Fiscalía.
“Si hay pruebas, que se presenten en la Fiscalía y que haya una investigación también en la actual administración”, resaltó.
La diputada Martha Tagle (MC) dijo que la pregunta que validó la SCJN no cumple con los criterios establecidos en la ley, pues no es clara, concisa ni entendible.
Para el diputado Raúl Bonifaz (Morena), la consulta no viola ninguna norma jurídica y por tanto no es inconstitucional.
“Incluso, no es necesariamente vinculante, pero sí se pueden crear instrumentos legislativos para terminar con esta vieja idea de corrupción como conducta del servidor público”, sostuvo.
En la reunión de la comisión también se aprobaron de manera unánime los dictámenes que declaran los días 1 y 2 de noviembre de cada año como “Día de Muertos, Fiesta Nacional”, y el 29 de septiembre de cada año como “Día Nacional del Maíz”.
fahl