La Cámara de Diputados aprobó ayer una ampliación al catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, entre ellos el huachicoleo, el feminicidio y el uso de programas sociales con fines electorales.

Si bien es cierto que, como argumentó la oposición, esta reforma podría atentar contra los derechos humanos como la presunción de inocencia, también es cierto que la legislación actual impide actuar en contra de personas que cometen esos delitos.

En el caso del huachicoleo, hemos visto cómo los delincuentes, capturados en el momento de ordeñar un ducto, salen de prisión en dos días.

En el caso de los programas sociales, es una práctica común no solo de los sexenios pasados sino del actual Gobierno que los programas sociales se utilicen con fines de promoción personal o partidista.

La pregunta es cómo se van a señalar a los presuntos delincuentes.

Porque redactada como está dicha reforma, pareciera suficiente el solo hecho de que alguien señale a un rival político para que sea detenido “preventivamente’’.

La reforma establece que será el ministerio público y no el juez el que pida la prisión preventiva oficiosa, lo que invade una atribución del poder judicial.

Seguro que todo México está hasta el ribete de la impunidad con lo que operan lo mismo huachicoleros que políticos voraces, pero deberá haber una ley que reglamente la actuación de los ministerios públicos para que la reforma no sea un instrumento más de venganzas políticas o personales.

Por cierto, la reforma también califica como delitos que ameritan prisión preventiva y cárcel hasta por 10 años, a quienes agredan a personal médico o de instituciones policiacas y a las fuerzas armadas.

Igualmente se incrementan las penas a quienes porten armas de uso exclusivo del Ejército, práctica común en todo el país como puede notarse en las estadísticas de homicidios dolosos cometidos a diario.

A ver si es cierto.

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Ayer cuestionábamos en este espacio si con la vacuna contra el Covid-19 ocurriría lo mismo que con la vacuna para la influenza, es decir, una compra restringida cuyos beneficios apenas llegarán al 25% de la población.

En la mañanera, el presidente López informó que se había comprometido la compra, con cuatro laboratorios distintos, de vacunas para inmunizar a 116.69 millones de personas.

El costo será de 1,659 millones de dólares, unos 35,000 millones de pesos, que serán pagados en varias entregas.

En un mercado global que se pelea por el medicamento, prevenir la compra es sin duda una buena decisión.

Esperemos pues, que el remedio llegue pronto.

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La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, presentó ayer de manera virtual su quinto informe de Gobierno.

Pavlovich informó que durante su mandato se rehabilitaron 4 mil kilómetros de carreteras; se invirtieron 4 mil millones de pesos en vialidades urbanas y 4,150 millones de pesos en infraestructura educativa.

El estado pasó de estar entre los seis peores calificados en el ejercicio de recursos federales a ser el mejor calificado; la percepción sobre la corrupción también pasó de los primeros a los últimos lugares.

La gobernadora informó que Sonora cuenta con modernos centros para la coordinación investigación e inteligencia, como el C5i, y el Centro Estatal de Datos y Análisis Estratégicos de Delito así como el Laboratorio de Inteligencia Científica Forense.

Pavlovich hizo un reconocimiento a todo el personal de salud del estado por su colaboración para atender la emergencia sanitaria.