El pasado primero de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación calificó como constitucional la pregunta que planteó el Presidente de la República para ser consultada a la ciudadanía en el mes de agosto del próximo año.
Es importante recordar que la figura de la consulta popular se encuentra establecida en nuestra Constitución Política y tiene como objetivo preguntar a la ciudadanía temas de trascendencia nacional. En caso de que la participación sea mayor al 40% de los miembros de la lista nominal de electores, el resultado será obligatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Existen ciertas materias que no pueden ser objeto de la consulta popular y la restricción a los derechos humanos es una de ellas. Sin embargo, nuestro máximo tribunal aprobó la pregunta en los siguientes términos: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
La pregunta es ambigua y poco clara, ya que se desconocen cuáles son “las acciones pertinentes” o “las decisiones políticas” a las que se refieren, mucho menos se conoce quienes son “los actores políticos” ni a que se refiere con “años pasados”.
Sería ingenuo pensar que la mayoría de los ministros de la Corte redactaron una pregunta de forma tan deficiente de forma involuntaria, sino al contrario, se ve que hubo la voluntad expresa en darle una pregunta al Ejecutivo para que, en pleno proceso electoral, siga con su circo y extienda su cortina de humo sobre los verdaderos problemas que afectan al país, es decir, salud, seguridad y economía.
La figura de “consulta popular” fue creada con fines nobles, sin embargo, la cuarta transformación está pervirtiendo un instrumento de democracia directa con fines meramente electorales.
Pero el espectáculo no para ahí, esta consulta costará aproximadamente ocho mil millones de pesos, lo que equivale a más o menos 10 hospitales de alta especialidad, o a pagar 30 veces el fideicomiso con el que se protege a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
En medio de esta crisis económica que está impactando los bolsillos de los mexicanos, el Gobierno tiene una lógica de gastar -dinero que no es suyo- en cosas tan irrelevantes como si se enjuicia a alguien indeterminado, por conductas desconocidas en tiempos inciertos.
Desafortunadamente, lo que también hoy está en duda es la independencia del Poder Judicial, ya que deberían ser un contrapeso para beneficio de todos los mexicanos. La pregunta que remitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación es lamentable y es aún más vergonzoso que algunos ministros de nuestro máximo tribunal de la nación se hayan subordinado y dejado de cumplir con su función de control constitucional.
El presidencialismo en su máxima expresión.
@kenialopezr