Cámara de Diputados
Foto: Cuartoscuro/Archivo Las reformas pretenden proteger a quien tenga alguna condición laboral o desempeñe función relacionada con la mitigación de emergencias sanitarias  

La Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal, y adiciones a las leyes General de Salud, y Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, para que quien cometa algún delito en contra de personal del Sistema Nacional de Salud durante una contingencia sea sancionado con pena de uno a diez años de presión.

El documento fue votado a favor por 367 votos por uno en contra y fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Las reformas pretenden proteger a quien tenga alguna condición laboral o desempeñe función relacionada con la mitigación de emergencias sanitarias o desastres naturales.

La pena corporal para quien infrinja las nuevas disposiciones será adicional a la pena que se determine por el delito cometido.

La reforma al artículo 427 de la Ley General de Salud establece sancionar con arresto hasta por 36 horas a quien emprenda o inste a realizar actos de violencia contra personal del sector salud.

También estipula que, en los casos de emergencia sanitaria, esta pena pueda determinarse sin necesidad de colmar las otras penalidades previstas en la propia Ley.

En cuanto al artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, se incluye como actos de discriminación distintas conductas relacionadas con el menoscabo de la integridad de quienes desempeñan labores relacionadas con el combate de las emergencias sanitarias.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega Martínez (PAN), expresó que la labor del personal de salud en la pandemia ha sido heroica.

“Doctoras y doctores, enfermeras y enfermeros, camilleros, conductores de ambulancias y personal de intendencia han sido la reserva en la primera línea que ha logrado la contención de esta tragedia sanitaria”, dijo

Desgraciadamente, continuó, también han sido las primeras víctimas, pues de acuerdo con un Informe de Amnistía Internacional México es el país con mayor índice de mortalidad para el personal médico, con mil 320 decesos confirmados a septiembre de 2020.

 

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