Con la declaratoria de constitucionalidad que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la materia de la propuesta de consulta popular presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la modificación a la pregunta que se pondrá a consideración de la ciudadanía, la oposición concentró sus argumentos contra este ejercicio democrático en el costo que tendrá llevarlo a cabo, por lo que ya existe una iniciativa en el Senado para armonizar la Constitución con la Ley Reglamentaria, y así ahorrar recursos, realizando la consulta el día de la jornada electoral.
Ésta sería una solución viable y responsable para disminuir el costo de la consulta sobre juicios a expresidentes y demás actores políticos del pasado régimen, y a la vez quedaría solventada la antinomia que existe entre la Ley Federal de Consulta Popular —que establece su realización el mismo día de la jornada electoral federal— y el texto constitucional —que fija como fecha el primer domingo de agosto de 2021—.
Es indispensable señalar que, como norma fundamental, las disposiciones contenidas en la Constitución prevalecen en estos casos, pero también es crucial recordar que el sistema jurídico debe guardar coherencia con los objetivos que lo motivan, y en este caso el texto constitucional se encuentra influenciado por la reticencia de que la consulta pueda cambiar los resultados de la jornada electoral o viceversa, lo que es sumamente debatible y cuando menos cuestionable; en especial, considerando los retos presupuestarios que supone la emergencia sanitaria que atravesamos, y que esta suspicacia puede costar de seis mil a ocho mil millones de pesos al pueblo de México.
Para resolver la contradicción en el orden jurídico también sería necesario modificar los artículos transitorios del decreto del 20 de diciembre de 2019, que reformó la Constitución en estos términos, para lo cual ya existe una propuesta en la Cámara alta. Además, el pasado 7 de octubre la Comisión de Gobernación sometió a votación el dictamen relativo para dar continuidad al procedimiento de la consulta popular, que fue aprobado por mayoría y turnado a la Cámara de Diputados para los mismos efectos.
Por economía, por logística y por sentido común, llevar a cabo la consulta popular el mismo día de la jornada electoral es una propuesta razonable para ésta y para las venideras. Es poco probable, si no imposible, que de junio a agosto del año siguiente la opinión de la ciudadanía sobre los pasados gobiernos presente una variación suficientemente importante como para justificar un gasto de tal envergadura.
Durante muchos años, prácticamente desde el inicio de nuestra vida independiente como país, se ha mantenido a la población lejos de la toma de decisiones: antes, con el pretexto de que no estaba lista para la democracia; ahora no hay excusa. Las y los mexicanos han demostrado una madurez política de avanzada, y su capacidad para determinar el rumbo de su propio destino. El miedo a escuchar la voz popular no puede determinar nuestro sistema jurídico ni nuestra vida democrática.
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