Foto: Cuartoscuro El colectivo rechazó que se use la pandemia de COVID-19 como argumento para su eliminación e indicaron que en el contexto actual de violencia y pandemia  

El Frente Nacional Ni Una Menos llamó al Congreso de la Unión, en especial a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, así como al Titular del Ejecutivo, a desistir en la eliminación del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y el Fondo para la Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

En el pronunciamiento Yesenia Zamudio Solorzano y Karla Araceli Pérez Guerrero representantes del Frente Nacional, se pronunciaron en contra del dictamen que eliminará los fideicomisos destinados a la protección de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas.

Así como el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que contempla la Ley General de Víctimas pues con esto el acceso la vida e integridad de las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, personas defensoras de derechos humanos y periodistas se encuentran en grave peligro.

Indicaron que el riesgo de que sus vidas se pongan en peligro es inminente debido a que las medidas que garantizan la seguridad podrían verse afectadas tras la eliminación dichos fideicomisos.

El organismo resaltó que la desaparición de ambos fideicomisos implica un grave riesgo, a mediano y largo plazo, para la justicia, verdad y reparación de las miles de víctimas en el país que traería como consecuencia la incapacidad para adoptar medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas con la urgencia que las situaciones de peligro exigen, así como financiar su costo y acceder a los recursos con la inmediatez que se requiere.

Detallaron que con la eliminación de los candados se corre el riesgo que los recursos se puedan utilizar para otros fines que no sean las medidas de protección o atención a víctimas.

El colectivo rechazó que se use la pandemia de COVID-19 como argumento para su eliminación e indicaron que en el contexto actual de violencia y pandemia, el Estado mexicano tiene el deber reforzado de proteger y garantizar la vida y los derechos de quienes han sido víctimas de violencia, desplazamiento, y violaciones de derechos humanos.

 

aarl