FOTO: CUARTOSCURO/ARCHIVO Un tribunal dio luz verde para que la FGR detenga a Emilio Zebadúa, conocido por ser exoficial mayor de la Sedesol y Sedatu  

Un tribunal dio luz verde para que la Fiscalía General de la República (FGR) detenga a Emilio Zebadúa, conocido por ser exoficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y supuesto colaborador de Rosario Robles Berlanga, esto con la finalidad de que enfrente las acusaciones que tiene en su contra por el desvío de más de cinco mil millones de pesos, el caso reconocido como la “Estafa Maestra”.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito cambió la resolución que impedía a la FGR presentar el caso ante un juez de control.

Por unanimidad, los magistrados determinaron revocar la suspensión definitiva al quejoso, misma que había sido concedida por el Juez Tercero de Distrito, Felipe Siguientes Servín, residente en Tapachula, Chiapas.

El ex oficial Mayor de las Secretarías está bajo investigación debido a que se presume que operó con múltiples servidores públicos, la contratación y supervisión de convenios co universidades, donde hasta el momento se plantea un desvío de recursos por 5 mil millones de pesos.

Zebadúa reclamó que la FGR había sido omisa, debido a que no habría sido citado en calidad de inculpado o imputado dentro de la carpeta de investigación que hay en su contra; de igual manera, argumentó que la autoridad tampoco le dio acceso a constancias.

Ante esto, el político promovió un juicio de amparo con una semana previa a que la FGR solicitara una audiencia inicial para imputar a Robles el delito de ejercicio indebido del servicio público por el caso de la Estafa Maestra; misma por la que está vinculada a proceso y con prisión preventiva justificada.

La misma Fiscalía interpuso un incidente de revisión, esto luego de la suspensión otorgada al exfuncionario.

Los magistrados indicaron que en la etapa de investigación inicial en la que el ministerio Público funge como autoridad, por lo que esta institución tiene la potestad de darle o no acceso al imputado de los registros que hay en la carpeta de investigación.