Queda claro que la vacunación es un derecho, es decir, una facultad que las leyes nos otorgan y que, a su vez, implica una obligación para el Estado. No obstante, en el caso de niñas, niños y adolescentes, el ejercicio de este derecho depende de quienes ejercen la patria potestad, tutela y guarda o, en términos generales, de quienes son sus responsables, lo que, aunado a las preocupaciones por el avance de los movimientos antivacunas en el mundo, hacía indispensable establecer una obligación para éstos.
Con tal propósito, presenté en los primeros meses del año una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación, la cual fue discutida y dictaminada en comisiones, y el día de ayer fue aprobada por unanimidad en el Senado de la República, con 103 votos a favor.
Henrietta H. Fore, directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ha señalado que el sarampión es un indicador en tiempo real de los lugares en donde tenemos más trabajo por hacer para combatir las enfermedades prevenibles, y que en México, tan sólo en el primer cuatrimestre de 2020, se tenía conocimiento de 150 personas contagiadas, mientras que en 2018 hubo 20 casos, y de 2016 a 2017 no se registró ninguno. Queda entonces de manifiesto la necesidad de llevar a cabo políticas públicas para revertir este fenómeno.
Establecer como una obligación la aplicación de vacunas es una respuesta consciente ante los peligros epidemiológicos del pasado, presente y futuro. Con la aprobación de esta iniciativa, generamos mecanismos para vincular a las autoridades educativas y de salud, y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de garantizar que este derecho sea efectivamente ejercido, y que toda la población mexicana sea inmunizada.
El dictamen aprobado, que fue enviado a Cámara de Diputados para su discusión y votación, contempla que las escuelas públicas y privadas soliciten la Cartilla Nacional de Vacunación al momento de la inscripción y la reinscripción, con el propósito de verificar que se haya cumplido con el esquema y que, en caso contrario, canalicen a las y los menores a las instituciones de salud. Asimismo, las autoridades educativas, en coordinación con el sector salud, y con autorización expresa de quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, promoverán y vigilarán la aplicación de las vacunas.
Entre las modificaciones destaca la coordinación que deberá existir entre las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México, para promover y ejecutar los programas de vacunación oportuna de niñas, niños y adolescentes, así como vigilar de manera periódica su salud, crecimiento y desarrollo integral. Por su parte, las personas responsables se deberán asegurar de que las y los menores bajo su cuidado reciban oportunamente todas las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal, salvo justificación médica.
Si la Cámara revisora aprueba esta iniciativa y el proceso legislativo la lleva a buen puerto, tendremos una mejor preparación para enfrentar la próxima temporada de influenza y para, en cuanto esté lista, aplicar la vacuna anti-COVID-19 de manera universal y gratuita. De este modo, la Cuarta Transformación estará dejando un legado de bienestar y prevención al sistema nacional de salud, marcando la ruta para enfrentar futuros retos sanitarios.
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