Oscar Hernández Salgado
El uso de las redes sociales que inició como mecanismo de comunicación entre amigos y personas conocidas entre sí, ha evolucionado dada la simplicidad de accesibilidad y el uso masivo para convertirse en la herramienta que igual conecta familias, funciona como medio informativo, aproxima conocimiento, resuelve consultas médicas, genera entretenimiento, es medio de publicidad y transacciones comerciales, o transmite eventos en cualquier otro lugar del mundo -inclusive fuera del paneta-.
Cualquier medio de comunicación presenta ventajas y desventajas, sin embargo, para el caso de las redes sociales hay que apuntar como cualidades distintivas la inmediatez de transmisión, la gratuidad del acceso, el posible anonimato de los participantes, la manipulación de los mensajes; pero sobre todo la ausencia de regulación.
Si bien es cierto que en materia electoral hay lineamientos que orientan su uso y que incluso, para el caso de funcionarios públicos y representantes de elección popular la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado por la ilegalidad de bloquear a sus seguidores, el día de hoy no existe regulación mexicana sobre el uso de redes.
Y aunque ya tiene años rondando la discusión tanto pública como privada sobre la necesidad y la posible regulación de las redes sociales, el día de hoy ante la pandemia ocasionada por el COVID-19 es indispensable reflexionar sobre la dimensión, los alcances y peligros que eso implicaría.
¿Podríamos considerar legal o constitucional un esfuerzo por regular el uso de redes sociales sin trastocar derechos fundamentales como la libertad de expresión? Cualquier ejercicio de regulación requiere un análisis previo de ventajas y desventajas; del ámbito de regulación; de los sujetos regulados; del beneficio social; y del ente regulador. ¿Le encomendaríamos la regulación a una dependencia de la administración centralizada? ¿Crearíamos un nuevo órgano autónomo para tales efectos?
Me temo que en el caso mexicano un análisis serio no sería capaz de dar confianza, certeza y no libraría la prueba de legalidad. Regular cualquier actividad humana siempre ha sido tentador para quienes gobiernan o ejercen el poder. Sin embargo, son las mismas autoridades las que en la mayoría de los casos podrían beneficiarse y legitimando su función a partir de la transparencia y rendición de cuentas.
Las condiciones de confinamiento que generó la pandemia y que aún padecemos nos han demostrado la necesidad y conveniencia de contar con medios alternos de obtener información verás y simétrica, de atender necesidades y de comunicación entre gobierno y sociedad.
Sin el ánimo de caer en la ingenuidad de santificar las redes sociales, estoy convencido que de lo que se trata es de aprender a vivir con ellas en un ambiente de respeto a la persona y las ideas. Ojalá que los diputados y los senadores logren contagiarse de la misma convicción.
@oscar_hdzs