El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, hizo públicas las resoluciones judiciales en las que se ordena restituir en sus funciones a cinco diputados locales removidos.
Reafirmó que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un juzgado federal ya se pronunciaron sobre el conflicto que vive el Congreso sudcaliforniano, en el que la mayoría de Morena destituyó a cinco lesgisladores opositores a ella.
“Sin embargo, las señoras y señores diputados de Morena y del PT se han negado a acatar lo ordenado por el Poder Judicial Federal”, expuso.
Hizo hincapié en que los más afectados de este conflicto son los ciudadanos pues, dijo, como la Corte lo ha determinado, no hay seguridad ni certeza jurídica en los actos que emanan del Legislativo estatal.
Tras exhibir los documentos de la Corte y el juzgado en sus redes sociales, recordó que el máximo tribunal ha suspendido en dos ocasiones los efectos de las sesiones legislativas a partir del 17 de marzo, cuando se originó el problema en el Congreso.
“Esto quiere decir que todo lo aprobado a partir de esa sesión carece de validez legal, lo que incluye la aprobación del proyecto y financiamiento para la nueva desaladora” que proveería de agua a Los Cabos.
Sobre esto, advirtió que el tiempo legal para concluir los trámites que hagan posible la construcción de la desaladora se agota, por lo que reiteró su llamado a los diputados a reinstalar “de inmediato a los 5 diputadas y diputados ilegalmente expulsados”, y con fundamento en la Ley Reglamentaria del Congreso, sometan de nuevo a debate el proyecto de la planta desaladora.
También convocó a la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro, y al representante del Gobierno Federal en el estado, Víctor Manuel Castro, para que sensibilicen a los diputados de su partido. /
GOBIERNO DE BCS
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