El próximo sábado se cumplirán seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los deudos esperan resultados, no hipótesis.

Este Gobierno cambió la narrativa hace unos meses cuando se hizo público un video en el que se ve a Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR (hoy Fiscalía), torturar a un detenido por el caso.

Zerón y Carlos Gómez Arrieta, ex director de la Policía Federal Ministerial son por el momento los funcionarios de más alto rango de la extinta PGR, encargada de la investigación, con orden de captura; Arrieta se entregó voluntariamente apenas el pasado 11 de septiembre a la Fiscalía General.

El 20 de junio pasado, el propio fiscal, Alejandro Gertz Manero, anunció que se había acabado “la verdad histórica’’ decretada por el ex procurador Jesús Murillo Karam, y anunció la liberación de 46 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios municipales y estatales acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada.

Gertz no descartó ir por personajes de más alto nivel que habrían tenido responsabilidad, por comisión u omisión en los hechos que se investigan.

Las declaraciones del Fiscal dieron un nuevo aliento a los familiares de los normalistas desaparecidos.

Hace unos días, se reunieron con el presidente López Obrador y con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, con quienes se tomaron acuerdos que no fueron dados a conocer.

Cercano el sexto aniversario de la masacre, los padres de familia, si bien ven un acto de justicia con la detención de quienes debían investigar el caso y aparentemente se dedicaron a entrampar las pesquisas, siguen sin obtener respuesta a la pregunta vital: ¿dónde están los cuerpos?

Porque hasta ahora, y pese que Gertz, reconocido como un hombre responsable y serio, declaró que se había terminado “la verdad histórica’’, la narrativa básica sigue siendo la misma:

Los secuestraron, los entregaron a una organización criminal y los mataron.

Eso lo saben de sobra los familiares de los 43 desaparecidos; no importa que la nueva evidencia se haya encontrado a 10 metros de distancia de la que había señalado la ex PGR, la gran pregunta sigue siendo ¿dónde están los cuerpos?

Mientras esta pregunta siga sin respuesta, podrán pasar años y los familiares seguirán sin tener consuelo, aunque se encarcele a medio mundo.

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A propósito de aniversarios, ayer se cumplieron siete largos meses de la huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), sin que haya una luz que anticipe un acuerdo con el sindicato.

Sea cual fuere la solución al conflicto, la posición de la todavía directora Sanjuana Martínez es insostenible y por ello ya circulan algunos nombres de quienes quieren o pueden ser sus sucesores.

Apunte usted en primer lugar a John Ackerman, quien no pudo llegar al Instituto Nacional Electoral, pero que no ha dejado de insistir en colocarse en una posición de Gobierno.

Ackerman tendría el apoyo de Sanjuana Martínez y desde luego de su esposa la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

Mientras son peras o manzanas, el pleito sigue y por más que la empresa del estado ha presionado a la líder del sindicato, Adriana Urrea, no le ha podido ganar en ninguna instancia judicial.

¿Será necesaria una frase en la Mañanera para que las autoridades de Trabajo, que fueron omisas y complacientes en los primeros meses del movimiento, se pongan a trabajar en busca de una solución real?

LEG