En el marco del foro “Pornografía Infantil y el Turismo Sexual Infantil en México: Una triste realidad”, que tuvo lugar en Zacatecas, la coordinadora de la bancada del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos, informó que, derivado de las medidas de distanciamiento social puestas en marcha por la pandemia, este problema se agravó, ya que según información de la División Científica de la Guardia Nacional, se incrementó 73 %, entre marzo y abril el consumo y búsqueda de pornografía infantil.
Destacó que los reportes indican que casi 80 % fueron relacionados con la red social de Facebook.
En este contexto, senadores, expertos y autoridades, alertaron sobre el grave problema que representa para México la explotación sexual de niñas y niños, la pornografía infantil y el turismo sexual, ante lo cual, llamaron a un pacto de Estado entre Federación, estados, municipios y alcaldías.
Advirtieron que otro ilícito que debe combatirse de manera frontal, es el turismo sexual, ya que según el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, está práctica está creciendo exponencialmente en el país.
Cuestión por la que se le conoce a México como “el Bangkok de Latinoamérica”, ubicándolo como el segundo país a nivel mundial con mayor cantidad de casos de turismo sexual, expresó.
Precisó que tan sólo en 2018, 20 mil menores de edad cayeron en las manos de las redes de trata, problemática que se encuentra profundizada en los destinos turísticos de Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, Los Cabos y la Ciudad de México.
Por tal motivo, dijo, es fundamental que los congresos locales armonicen sus códigos penales y normatividad en materia de protección de los derechos de la niñez y que cuenten con las herramientas necesarias para combatir estos delitos que los vulneran.
Bañuelos De la Torre, planteó que las fiscalías estatales reporten con claridad y precisión, la información sobre los delitos asociados a la categoría de trata de personas, para que dichos datos ayuden a diagnosticar de manera precisa y adecuada estos hechos.
En tanto, la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, señaló que en México cinco millones de niñas y niños son víctimas de violencia sexual.
Expresó que la difusión y contenidos de pornografía infantil a nivel mundial, “es un delito que genera 34 mil millones de pesos anuales”.
Uno de cada 10 delitos relacionados con pornografía infantil en México fueron denunciados, pero de éstos, precisó, el Ministerio Público sólo inició procesos judiciales en 60% de los casos.
Vázquez Mota advirtió que para millones de niñas y niños, lo que debiera ser su hogar, “es su peor infierno”, ya que ocho de cada 10 delitos de ataques sexuales se cometen por familiares; padres, abuelos, hermanos, tíos.
Cuestionó que en México un criminal de violencia sexual infantil pueda estar libre a los tres años de haber cometido este crimen, “pero una víctima puede tardar hasta 20 años en denunciarlo y nunca encontrará justicia”.
Referente al turismo sexual infantil a nivel mundial, la legisladora indicó que es el segundo negocio ilícito más lucrativo sólo después del crimen organizado y del narcotráfico, “hoy México ocupa el segundo lugar de acuerdo a la Fiscalía General de la República”.
Al respecto, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, reconoció la importancia de visualizar y crear conciencia sobre estos delitos. “No podemos dejar de lado a nuestra niñez, ni cerrar los ojos como sociedad”.
Mientras que el Fiscal General de Justicia de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco afirmó que se deben tener protocolos de investigación prácticos y operables. “Debemos visibilizar este problema, no podemos escatimar esfuerzos ni recursos porque estamos obligados a garantizar la vida y seguridad de la población infantil”.
Por su parte, Elohim Hernández Morales, subinspector de la Policía Científica de la Guardia Nacional, informó que las víctimas de pornografía y turismo sexual infantil oscilan entre los cero meses y los 18 años de edad, por lo que el trabajo coordinado con diversas instancias les permite identificar delitos cibernéticos y dar seguimiento a dispositivos electrónicos relacionados con la comisión de dichos ilícitos y actuar en consecuencia.