En la lógica morenista, los fifís no pueden salir a manifestarse porque son fifís.

Para los fifís, el 99% de las clases media-medida y media-baja no tienen derecho a quedarse porque no protestaron en los gobiernos de Calderón ni de Peña.

No tienen derecho a tomar el Zócalo porque es territorio “escriturado’’ a nombre de las causas “del pueblo bueno y sabio’’.

No pueden protestar en coche porque esa no es protesta; ahora que se bajaron de los coches, su protesta es ridícula porque “son unos cuantos’’.

Además utilizan “las casas de campaña que donó Canadá’’ para los damnificados del 19 de septiembre del 2017, lo que es una falsedad del tamaño del Zócalo y el Palacio Nacional incluidos.

No se vale que se pongan tiendas de campañas y se vayan a dormir a sus casas, a un hotel, cuando en la toma del Paseo de la Reforma, por seis largos meses, sólo unos días hubo manifestantes y el resto del tiempo lo único que vimos fueron los toldos tendidos y las carpas vacías.

Ahí están en las hemerotecas virtuales las pruebas.

Los fifís no pueden protestar porque no guardan la sana distancia ni utilizan el cubrebocas; no importa que hace unos días cientos de maestros de Michoacán hayan acampado en el Zócalo y ostensible, groseramente, se negaran a ser revisados por los servicios médicos del Gobierno de la CDMX.

¿Sana distancia?, ni en sueños.

No se vale, según el presidente López Obrador, que los dirigentes de la protesta no se queden a dormir en las tiendas de campaña y prefieran un hotel o sus casas para hacerlo, cuando él no durmió una noche siquiera en Reforma después de la elección del 2006.

No se vale la protesta, dice Alfonso Ramírez Cuéllar, porque se trata de una provocación para deshacer el equilibrio político, cuando dicho equilibrio no existe porque todo depende de la voz de un solo hombre.

En resumen, Morena también cree que la patente de las manifestaciones es suya y que todos deben pagarle regalías.

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Muchos se sorprenderán al conocer que Ricardo Peralta, ex subsecretario de Gobernación, sigue en los afectos no solo de su ex jefa directa, Olga Sánchez Cordero, sino del propio López Obrador.

Como sabe, hace unas semanas desapareció la Subsecretaría de Gobierno de la Segob, como una medida de austeridad presupuestal.

Peralta y su equipo dejaron de trabajar formalmente en la dependencia, pero en Palacio Nacional lo siguen conservando como un alfil para la resolución de problemas.

De ahí que, pese a que muchas voces han pedido que se investigue su paso por la Segob, siga teniendo trabajo como operador pero sin los reflectores que le dio el cargo.

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Los deudos de los 26 fallecidos -niños y adultos- en el derrumbe del Colegio Rébsamen, tuvieron en los abogados Enrique y Fernanda Fuentes unos buenos representantes.

Fundamentaron técnica y jurídicamente la responsabilidad de la ex directora del plantel, Mónica García Villegas, declarada responsable de homicidio doloso, delito por el que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX pide un castigo de 57 años de prisión.

Dependerá del juez de la causa la sanción, pero los padres de los 19 niños muertos y los siete adultos sienten que, finalmente, se trató de un acto de justicia.

Los mismos abogados reconocieron que falta que respondan ante la justicia los funcionarios de la alcaldía -antes delegación- de Tlalpan, que firmaron los permisos para levantar un segundo piso en la construcción, lo que causó la sobrecarga que terminó en el derrumbe del colegio el 19 de septiembre de 2017.