Esta semana se registró un nuevo asalto en las arcas del Sindicato Minero, esta vez, Napoleón Gómez Urrutia dio un sablazo de 10 millones de pesos a las cuotas sindicales para comprar 20 mil cachitos para la llamada Rifa del Avión Presidencial.

En redes sociales circula un documento donde el sindicato, a nombre del Comité Ejecutivo Nacional, pide a los trabajadores recoger su cachito y especifican que éste no tendrá ningún costo para los afiliados, cosa que es falsa, ya que cada uno de los 500 pesos que se pagaron por boleto fue producto del trabajo de los compañeros.

Napito, por más que intenta, no ha podido engrosar las filas de su sindicato ni de la agrupación que formó para ser la Central Obrera de la 4T, sin embargo, es el boletero estrella de Morena… ¿Gran logro? Sí, y es que el uso discrecional que siempre da a las cuotas sindicales le ha servido como moneda a cambio de favores.

De acuerdo a críticos laborales y a funcionarios públicos, el comportamiento de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en los casos que involucran a Gómez Urrutia ha sido parcial, inclinado groseramente a beneficiar al legislador de Morena.

La JFCA lleva meses con un laudo detenido en donde por ley se le debe ordenar a Napito devolver más de 55 millones de dólares a los mineros de Cananea, dinero que les quitó, sin más ni más.

También avalado por la misma junta, Napito y sus operadores mantienen tomada la mina San Rafael en Cosalá, Sinaloa. De forma lastimosa y en afectación directa a los trabajadores, la JFCA ha ocultado información para que la mina solo pueda continuar operaciones de la mano de Urrutia.

La institución encabezada por María Eugenia Navarrete tiene la intención de validar un padrón de trabajadores rasurado, en donde únicamente estén inscritos los mineros afines a Napito, para que él pueda ganar el recuento en que se definirá la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo.

La semana pasada, de manera manipulada y faltando a la ley, la Junta no dio aviso de la realización de una audiencia al Sindicato Frente, el cual encabezo, y que representa a la parte interesada, en ésta se le daría seguimiento y avance al caso.

Violando la ley en todo momento, la JFCA además decidió en lo oscurito que el recuento para definir la titularidad del CCT sea el 17 de septiembre, por lo que debe notificar a las partes mínimo con 24 horas de anticipación, sin embargo, eso no sucederá ya que anunció que no laborará sino hasta el próximo día 17, interviniendo por completo con la libertad sindical que tanto pregonan y privando a los trabajadores de emitir su voto, dejando de esta manera libre el camino para que Napito gane las elecciones.

La mina de Cosalá está en paro desde enero de este año, y desde entonces los trabajadores no han recibido su salario. La mina está tomada por un pequeño grupo de integrantes del crimen organizado que se dedican a amenazar y hostigar a los compañeros exigiendoles su voto a favor.

Ante este panorama de favoritismos de la JFCA, la empresa Americas Gold and Silver dijo que cerrará y denunció que Napito la extorsiona al exigir el pago de dos millones de dólares por gastos de huelga, de lo contrario la mina seguirá parada. La empresa canadiense invertiría 420 millones de dólares en el país, dinero que se perderá junto con 300 empleos directos y mil 200 indirectos.

Napito asegura que son sus detractores quienes invierten recursos en desprestigiarlo, pero que algo le quede claro, no tiene detractores porque él no representa de ninguna manera al sector minero. Su enemigo más grande es su avaricia, falta de ética e historial de abusos y desfalcos.

 

                                                                                                                                             @CarlosPavonC