La impotencia de perder a alguien, obligado a desaparecer sin rastro

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Por Marina San Martín Rebolloso*

30 de agosto: un día declarado como internacional que quisiéramos no tuviera que haberse establecido, porque recuerda a las víctimas de desapariciones forzadas, fecha que nos trae a la mente miedo, incertidumbre, angustia y desazón.

De acuerdo con la convención internacional que refiere a este delito, define a este tipo de actos como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o de personas o grupos que actúan con su autorización o apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

La desaparición forzada es un problema mundial que se ha manifestado en dictaduras militares, en situaciones de conflictos estatales internos o de represión política. Estos contextos han acontecido en países latinoamericanos, incluyendo a México, ejemplo de ello son los casos de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, de migrantes en San Fernando, o de estudiantes en Ayotzinapa.

De acuerdo con el Informe “Búsqueda, identificación y registro de personas desaparecidas” de la Comisión Nacional dedicada a este tema, de marzo de 1964 a julio de 2020, en México había un total de 177,844 personas desaparecidas, de las cuales 73,201 no estaban localizadas. En los últimos dos años, de diciembre de 2018 a julio de 2020, se tenían reportadas 63,523 personas desaparecidas (35.7% del total de 1964 a la fecha), de las cuales, 27,871 se registraron como no localizadas.

El Informe da cuenta que, en los últimos ocho meses, entre las entidades federativas que encabezan la lista de desapariciones, sin haber localizado a las víctimas, están el Estado de México (3,867), Jalisco (3,234), Tamaulipas (2,119), Veracruz (2,075), Sinaloa (1,165) y la Ciudad de México (1,100).

Ninguna persona debería estar expuesta a entornos de inseguridad y terror que un día cualquiera no regrese a su casa; tampoco nadie debería experimentar el sentimiento de impotencia de perder a alguien obligado a desaparecer.
Tener la posibilidad de saber la verdad sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que este delito tuvo lugar, su investigación, la autoridad responsable del hecho, la identidad de los perpetradores, el paradero de quien fue privado de su libertad, los mecanismos posibles para encontrarlo, su estado de salud y, si hubiere fallecido, las causas y destino de sus restos, es un derecho que debe garantizarse a las familias de las víctimas o a quien tenga un interés legítimo en tales casos.
Una de las madres de uno de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, advertía a las autoridades que no se irían a llorar a sus casas, sino que seguirían buscando a sus hijos debajo de las piedras y por todo el mundo si fuera necesario.

Ante una situación tan dolorosa, en la que la impunidad genera tanta desesperanza y desesperación, no cabe rendirse, sino seguir luchando. Como sociedad nos corresponde acompañar ese grito de justicia y de exigencia de rendición de cuentas, así como, preservar la memoria colectiva para intentar evitar que se repitan estas violaciones a derechos humanos, en los que la arbitrariedad ha marcado a miles de familias.

Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (INFO) Twitter: @navysanmartin

 

DAMG

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