La denuncia de hechos que presentó Emilio Lozoya Austin ante la Fiscalía General de la República incriminando a Enrique Peña y a Luis Videgaray en el desvió de 100 millones de pesos para su campaña, es un es-pejismo judicial y político.

Hay dos detalles que se deben tomar en cuenta antes de pensar que Peña y Videgaray vestirán el uniforme color caqui.

El primero es que Gertz reveló los nombres de los posibles acusados citados en la denuncia de hechos presentada por Lozoya.

Si de verdad la intención fuera ir tras ambos personajes, se hubiera cuidado el debido proceso para no dejar rendijas jurídicas abiertas que son aprovechadas por los abogados defensores.

No ocurrió así, por ejemplo, con los nombres de un diputado y cinco senadores que habrían formado parte de la trama de los sobornos y su desviación a la campaña de Peña en el 2012.

Gertz se guardó los nombres porque, a diferencia de Peña, sí irán tras esos ex legisladores.

Segundo punto a considerar:

El fiscal Valdemar González Ramírez, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), determinó el 20 de junio de 2019, la prescripción de la acción penal por el supuesto financiamiento de Odebrecht a la campaña presidencial de Peña en el 2012.

El acuerdo establece “la prescripción de la acción penal respecto a las conductas señaladas como probablemente constitutivas de algún delito electoral, de los previstos y sancionados en los artículos 407 y 412 del Código Penal Federal que pudieron haberse suscitado con motivo del proceso electoral 2011-2012’’.

Luz María Ortega Tlapa fue la juez federal encargada de recibir el documento.

Incluso, un día después de conocer la determinación de la FEDE, el propio López Obrador declaró que “no hay que apostar al castigo ni vivir anclado al pasado’’.

Así que pese a la pirotecnia y los miles de encabezados que generaron las declaraciones de Gertz y las supuestas “revelaciones’’ de Lozoya, Peña no tiene de que preocuparse.

Al menos por los sobornos de Odebrecht.

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Los líderes del Senado y la Cámara de Diputados aceleran el ritmo de sus reuniones para encontrar una solución que les permita llevar a cabo la sesión de instalación del Congreso General el primero de septiembre, sin necesidad de que el evento sea presencial.

Ya trabajan en un documento que contempla una modificación constitucional de validez a las sesiones a distancia pero sobre todo a las votaciones, que son la esencia del trabajo legislativo.

Se buscan escenarios alternativos en caso de que para el primer día de septiembre no se haya concretado la reforma en cuestión.

Uno es que la instalación se realice en el Auditorio Nacional; tiene 10 mil butacas y fácilmente los senadores y diputados podrán tener una distancia más que sana.

Otro escenario podría ser el Palacio de Bellas Artes, con menos butacas pero igualmente amplio como para evitar la concentración de personas.

La apuesta, sin embargo, sigue siendo la reforma constitucional que facilite las sesiones y las votaciones a distancia.
A ver.

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Y mientras eso pasa en el Congreso, en Palacio Nacional piensan cómo y en dónde rendirá su segundo informe el presidente López Obrador.

Lo que tienen claro es que no debe haber concentraciones masivas, pero eso sería como quitarle una pierna al mandatario, tan dado a las multitudes.

Lo prudente sería un mensaje a la Nación desde su oficina, pero esas recomendaciones no suelen ser atendidas.

Así que esperemos para ver cómo y dónde será el día del Presidente.

LEG