México no es un narco Estado, ni lo fue con Felipe Calderón.

Lo que sí ocurre en México, con el conocimiento de los tres niveles de Gobierno, es la existencia de partes del territorio mexicano que son dominados por clanes de la delincuencia organizada.

Ni Calderón, ni Enrique Peña ni López Obrador han podido evitar que en muchos municipios -hace años que no se hace un estudio sobre el porcentaje de ellos en manos del narco-, sea la delincuencia organizada la que imponga su ley.

¿Por qué López Obrador no ha podido, ni con la Guardia Nacional, recuperar el control de los municipios de Tierra Caliente, en Guerrero, que mantienen en su poder las muy dudosas “autodefensas’?’.

La mayoría de esos grupos están ligados a cárteles de la droga y las matanzas que siguen ocurriendo no son resultado de la defensa de la población, sino del territorio ya sea para la siembra o el trasiego de drogras.

Lo mismo pasa en Sinaloa -de risa que su gobernador Quirino Ordaz sea “el mejor evaluado’’ en todo el país’’- en Tamaulipas, en Puebla con los huachicoleros, en Hidalgo, en San Luis Potosí, en Chihuahua.

Hace unos años, cuando andaba en campaña por la gubernatura Leonel Godoy, en los tiempos de más poder de Servando Gómez, “La Tuta’’, tenía que mandar una avanzada a los municipios que controlaba el grupo para pedir permiso de hacer campaña.

Un alto clérigo de Morelos denunció que en más de una docena de municipios del estado el narco no solo financió campañas sino que impuso candidatos y, en los municipios que no pudo hacerlo, impuso a los jefes policiacos.

¿Qué fue una herencia? Sin duda.

Pero de eso a que México fue “un narco Estado’’ con Calderón es, por decir lo menos, una imprecisión mal intencionada.

Porque al final de cuentas, con todos los recursos que el Congreso le ha concedido al actual Jefe del Ejecutivo, la situación no ha variado sustancialmente.

En todo caso, si la métrica para medir qué tan narco Estado seguimos siendo, ahí están las últimas decisiones públicas del Ejecutivo relacionadas con el tema.

Si se trata de medir por el número de muertos, no hay nada que decir; nos hemos enfocado al contabilizar diario el número de muertos por Covid-19, escandaloso porque nunca debió pasar, pero el número de muertos en hechos violentos sigue incontenible.

No lo somos aún, pero podríamos llegar a serlo si seguimos pensando en abrazos y no balazos.

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Diez gobernadores decidieron que ellos fijarán sus reglas para el regreso a clases, debido a los lineamientos a nivel federal no necesariamente se empatan con las necesidades y los números que ellos tienen.

El razonamiento es lógico y no debería representar, como ha querido presentarse, como un conflicto con la SEP de Esteban Moctezuma.

Ya hay una directriz nacional; los gobernadores la adecuarán a sus tiempos y necesidades.

Será su responsabilidad, pues.

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De cara a la elección del gobernador de Nuevo León, la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, aseguró que la única manera de superar la crisis del Covid-19 es generando un cambio en el sistema político y que se apueste a gobiernos de coalición.

“El próximo Gobierno de Nuevo León debe analizar la posibilidad de integrar un gabinete bipartidista o multipartidista como una manera de poder servirle más a la gente’’, dijo.

A ver si le hacen caso.

LEG