Amanda Geno aceptó el 13 de marzo lo que parecía una oferta de trabajo de ensueño en una universidad cerca de Holyoke, en Massachusetts, en Estados Unidos, poniendo fin a seis meses de búsqueda de empleo tras haber sido despedida en otoño… o eso pensaba.
Tres días más tarde, la universidad le dijo a esta recaudadora de fondos de 39 años que su incorporación al trabajo prometido tendría que ser suspendida. A finales de abril, le notificaron que el equipo al que se iba a unir no haría nuevas contrataciones hasta 2021.
Geno y su esposa, una estudiante a tiempo completo que recibe 900 dólares mensuales en ayudas por discapacidad, han podido seguir pagando un alquiler de casi mil 200 dólares y otros gastos, en parte porque Geno estaba entre quienes tenían derecho a recibir hasta 600 dólares a la semana en un complemento a la prestación por desempleo promulgado por la ley CARES, que fue aprobada por el Congreso en marzo.
Hace días, sin que el Congreso haya llegado a un acuerdo, la ayuda expiró, reduciendo el total de los ingresos semanales de Geno, incluyendo las ayudas estatales de mil 100 dólares, después de impuestos, a apenas 600 dólares.
Algunos de los pagos de préstamos y de tarjetas de crédito que la pareja aplazó también vencen este mes, añadiendo unos mil 600 dólares a sus gastos mensuales. Una devolución de impuestos que en principio tendría que llegar esta semana debería ayudar a pagar el alquiler de septiembre.
Sin embargo, con muchos de sus ahorros agotados, Geno no está segura de que pueda pagar el alquiler después del próximo mes.
“Creo que sin una prolongación de la ayuda estaremos con el agua al cuello en dos meses”, dijo Geno.
La pérdida de empleos causada por los confinamientos impuestos en marzo y abril por todo el país para contener la propagación del nuevo coronavirus afectó de forma desproporcionada a los trabajadores con salarios bajos, quienes viven de alquiler en una mayor proporción.
LEG