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Por semanas Guillermo Álvarez mejor conocido como Billy Álvarez, trató por todos los medios de convencer a la opinión pública de que él no había cometido ningún ilícito. Incluso llegó a desmentir las versiones del propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, en el sentido de que fue la agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA) la que ordenó investigar sus cuentas bancarias.

En diversos medios el ahora expresidente de la cooperativa Cruz Azul exigió derechos de réplica para afirmar que las investigaciones de la Fiscalía General de la República eran falsas, pese a que en ese momento ya había una carpeta de investigación abierta en su contra.

El pasado jueves le comenté que sobre él ya pesa una orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Desde ese momento Billy Álvarez desapareció del mapa y se convirtió en un prófugo de la justicia.

Dicen que el que nada debe, nada teme y si es así, ¿por qué Billy Álvarez se encuentra huyendo de la justicia? Si en realidad es inocente, ¿no debería entregarse?

Muchos dirán que se trata de una estrategia jurídica y que por eso no se entrega. Sin embargo, las investigaciones de la autoridad aún no terminan y continúan encontrando más elementos del uso de empresas fantasmas.

Lo cierto es que dentro de su estrategia decidió negociar y por fin después de 32 años, dejar la cooperativa en manos de otros cooperativistas, en su carta de renuncia incluso reconoció como legítimos a los Consejos de Administración y Vigilancia que hubieren sido nombrados en la Asamblea General de Socios de fecha 29 de septiembre de 2018.

De acuerdo a los funcionarios consultados y al contenido de la carpeta de investigación, las autoridades han ido confirmando el esquema organizado, a través del cual Billy usó empresas factureras con nuevas empresas fantasma.
De lo que ha logrado documentar la autoridad es que la Cooperativa Cruz Azul pagó 1,233 millones de pesos a una empresa denominada CCT Concerta, misma que es parte del grupo IDN de Álvarez Puga y Gabriel Rejón, quienes están siendo investigados también por lavado de dinero y la operación outsourcing ilegal.

Esta empresa CCT Concerta, según la Unidad de Inteligencia Financiera, a la cual se desviaron los fondos de las familias cooperativistas, ha enviado recursos a Víctor Manuel Garcés Rojo por cerca de un millón de pesos a través de 13 transferencias.

También se detectó que, en el mismo período, Víctor Manuel Garcés Rojo habría recibido la cantidad de 145 millones de pesos en sus cuentas personales, en dos operaciones en su cuenta personal en el fondo de inversión GBM OPERADORA, sin que se justifique el tamaño de la fortuna de Garcés con los ingresos que percibía por sus actividades en la Cooperativa.

Asimismo, las investigaciones arrojaron que Garcés Rojo habría recibido en sus cuentas personales grandes cantidades de dinero de empresas factureras, como la denominada Corporativo Alaya, S.A. de C.V., empresa que aparece listada como facturera en la lista de empresas fantasma que publica la Secretaría de Hacienda.