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Malas prácticas en las licitaciones de obra pública

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Tras su detención y posterior extradición al país, se esperaba que las revelaciones del exdirector de Pemex causaran una sacudida y eso fue lo que ocurrió. Por sus primeras declaraciones, todo indica que estamos ante uno de los casos de corrupción más grandes en la historia del país. El exfuncionario señaló que legisladores que participaron en la aprobación de las reformas del Pacto por México recibieron sobornos para aprobar la reforma energética y otras iniciativas impulsadas en la pasada administración.

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene que realizar una investigación a fondo para deslindar responsabilidades y castigar a los corruptos sin que haya ningún tipo de persecución política. Se debe llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga y sin importar el partido al que pertenezca.

Otra de sus revelaciones que hizo el exfuncionario fue que la empresa Odebrecht pagó para obtener beneficios en contratos federales. La corrupción en la asignación de contratos fue algo que revelaron diversas investigaciones periodísticas durante la administración anterior, lo que se debió a la opacidad en las licitaciones y tal parece que esas prácticas continúan vigentes en algunos estados.

La semana anterior el gobierno de Aguascalientes anunciaría al ganador de la licitación para la construcción del libramiento carretero poniente, y el resultado acabó siendo pospuesto, con el argumento de la gran cantidad de documentos que debían revisarse. Parece que se ha generado una cortina de humo alrededor del resultado. Esta obra lleva tratándose de hacer 12 años y por distintas razones no se ha llevado a cabo. En la licitación participan 3 consorcios, y dependiendo del proyecto que se elija, podría tener un costo de entre 1,720 millones y 3,700 millones de pesos. La obra busca reducir la carga vehicular de la zona, no obstante, dado el largo tiempo que tiene el proyecto, la población ha aprendido a vivir sin el libramiento.

Las irregularidades no son nuevas, incluso, en diciembre de 2019 el gobierno estatal tomó la decisión de revocar el título concesionario e iniciar un nuevo proceso, pero no ha logrado transparentar el proceso de tal manera que exista garantía de que la empresa ganadora de la licitación esté libre de sospechas de tráfico de influencias. Los gobiernos ven la construcción de obra pública como una oportunidad para detonar el crecimiento económico de sus entidades, especialmente en estos tiempos de la pandemia. Pero la situación que actualmente vivimos no debe ser una excusa para no transparentar toda la información cuando se realicen las licitaciones de las obras.

El favoritismo y el tráfico de influencias son prácticas propias de la corrupción. No se puede permitir que las obras se definan por esa vía, por ello, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), tienen que estar muy atentos al fallo para evitar que se presente un nuevo caso de favoritismo. El miércoles 29 de julio se conocerá a la empresa ganadora del proyecto de licitación del libramiento carretero poniente, esperemos que la empresa que se elija sea la que mejor convenga a los hidrocálidos. Independientemente de la decisión, daremos seguimiento al tema.

* Arturo Ávila Anaya, presidente IBN/B Analitycs y experto en Seguridad Nacional por Harvard (NIS).
@ArturoAvila_mx

LEG

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