Por vender a sobreprecio y caer en malas prácticas durante la emergencia sanitaria de Covid-19, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó hasta por dos años y tres meses a la empresa Cyber Robotic Solutions, propiedad del hijo de Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad.
La medida fue publicada en la edición de ayer del Diario Oficial de la Federación; se ordenan a todos los entes de la administración abstenerse de celebrar contratos con ésta en los próximos 24 y 27 meses.
En un comunicado de prensa, la dependencia informó que la contratación que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue con base en “falsedades”.
Entre éstas que el precio ofrecido estuvo fuera del rango del mercado; además de ninguno de los 20 ventiladores cumplió con las especificaciones técnicas, por lo que fueron devueltos, y con lo que se evitó un daño patrimonial al Estado.
La empresa de León Manuel Bartlett, que no se dedica a la fabricación de insumos médicos, se será acreedora a una multa de dos millones de pesos; y sigue abierta una investigación contra funcionarios del IMSS Hidalgo que autorizaron la compra por adjudicación directa.
En abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó la investigación en esta compra, cuyo precio unitario por ventilador era de millón y medio de pesos.
Al respecto, el IMSS manifestó que se trabaja coordinadamente con la SFP para evitar que empresas privadas lucren con la emergencia sanitaria para evitar daños al patrimonio de la nación.
“En todos los procesos de adquisiciones, el IMSS cumple con la normatividad y se asegura de que los insumos médicos adquiridos se ajusten a los precios reales del mercado y cuenten con los estándares de calidad en beneficio de los pacientes”, indicó en un comunicado.
Sanción es insuficiente
En tanto, senadores de oposición reconocieron un avance en el combate a la corrupción. No obstante, Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, quien interpuso una denuncia formal en contra de Bartlett Álvarez ante la Función Pública, advirtió que la sanción quedó corta.
Aseguró que existen elementos para configurar diversos delitos como tráfico de influencias, encubrimiento, ejercicio ilícito del servicio público y el uso ilícito de atribuciones.
“Ya parte de la resolución de la Contraloría nos deja ver que sí hubo un uso ilícito de atribuciones, no se justificaba el no hacer una licitación pública -eso dice la resolución- por lo tanto se configuran delitos y estos delitos la Fiscalía General de la República los tiene que sancionar”.
Recordó que existen otros contratos que están siendo investigados, uno de ellos de la empresa Levanting Global Group, “que, por cierto, esa está relacionada con Rocío Nahle”, denunció.
En tanto, el senador de Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión Anticorrupción de la Cámara alta, Clemente Castañeda, aclaró que el tema de los ventiladores no se trata de un caso aislado “frente a las malas prácticas de este Gobierno en materia de adquisiciones, mismas que se multiplicaron durante la pandemia”.
FRASES
“No me quedo satisfecha con la suspensión de 27 meses, ni con el pago de una multa de dos millones de pesos. Hay delitos y se tienen que castigar”
Xóchitl Gálvez
Senadora del PAN
“Habrá que realizar una revisión exhaustiva de las compras gubernamentales y del papel jugado por la Secretaría de la Función Pública”
Clemente Castañeda
Senador de MC
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