Oscar Hernández Salgado

 

El atentado contra el jefe de la Policía de la Ciudad de México es un acontecimiento que hemos visto abordado desde diferentes ángulos y perspectivas en cualquier espectro de difusión y comunicación. Los comentarios sobre el atentado han inundado cualquier espacio de comunicación: las redes sociales, los medios impresos, noticieros y programas de opinión en radio y televisión, hasta las conversaciones entre ciudadanos.

 

Me parece que todas las opiniones son válidas y hasta funcionales, dependiendo del plano en el que se ubiquen, de acuerdo con el sentimiento, la ideología y posición o responsabilidad de quienes las expresan y los espacios donde se vierten.

 

Insisto, todas las expresiones me parecen validas y funcionales una vez ubicadas en su justa dimensión: todas excepto las de aquellos que son funcionarios o autoridades, y particularmente las de quienes se desempeñan en funciones de seguridad, justicia o de los de mayor responsabilidad política.

 

El desafortunado incidente sufrido por el secretario Omar García Harfuch es relevante en cualquier plano. No imagino responsabilidad de Gobierno, planeación de política pública, ejercicio de autoridad o aplicación de la norma que pueda soslayar los efectos de lo sucedido.

 

El prestigio del secretario ha generado un sentimiento unánime de indignación entre propios y extraños, pero eso no será suficiente para convencer a la población de que el atentado se trata de una reacción de la delincuencia ante el buen trabajo que está llevando a cabo la Policía y mucho menos será suficiente para que la gente sienta que se va ganando la batalla a los criminales.

 

Por eso se requieren respuestas por parte de las autoridades -algunas inmediatas-, que además de ser mensajes y acciones ejemplares, deben ser transparentes y legalmente impecables; de conciliar la comunicación y la información, con el respeto al marco legal y a principios legales como el del “debido proceso”: de eso es de lo que se trata, de no atropellar lo importante con lo urgente.

 

La diligencia y transparencia -y no el juicio mediático o la nota estridente-, con que se guíen los funcionarios responsables y voceros gubernamentales en la atención del caso deberá ser el eje por el que transite un proceso que no sólo requerirá pulcritud para ser exitoso ante los tribunales, sino convincente ante la opinión pública.

 

El anhelo de acceso y aplicación de justicia ha de volverse una realidad para que nuestra sociedad sea democrática y aspiremos a vivir en paz. La confianza en la estrategia de seguridad y justicia implementada en este Gobierno, se encuentra a prueba y la solución de este caso se vuelve un parteaguas para su fortalecimiento o debilitamiento.

 

En este sentido, la transparencia y la rendición de cuentas, además de ser pilares indispensables  de nuestro diseño democrático, se vuelven aliadas imprescindibles para convocar a la unidad, al respaldo social, pero sobre todo a legitimar a la policía, a los jueces, a la autoridad y al Gobierno que, por cierto, apenas se encuentra en la cuarta parte de su ejercicio.

 

                                                                                                                                              @oscar_hdzs