Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, prepara un golpe jurídico sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que exhibirá, por acción u omisión, a funcionarios del peñismo, del Gobierno de Ángel Heladio Aguirre Rivero y varios presidentes municipales.

La Fiscalía solicitó 46 órdenes de aprehensión, de las cuales ya obtuvo 4, pero se ha topado con que los jueces, sobre todo uno de Tamaulipas que ha dejado libres a la mayoría de los detenidos por este caso, se han declarado “incompetentes’’ por lo que han tenido que recurrir a varios juzgados.

La FGR ya tiene fichas rojas de captura internacional para Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal y para Juan Carlos Gómez Arrieta, ex director operativo de la Policía Federal Ministerial a quien, por cierto, desde una Cámara del Congreso hasta hace unos meses le pagaban el servicio de telefonía celular.

Ambos se encuentran prófugos pero, a decir de Gertz, Zerón está ubicado por lo que es cuestión de días para detenerlo.

Gertz ha dedicado buena parte de este año y medio de Gobierno a armar el caso de Ayotzinapa, debido al compromiso presidencial con las familias de los 43 normalistas desaparecidos.

El fiscal ha mantenido un perfil bajo, no es de los que les gusta exhibirse; su salida a los medios no habría ocurrido si no tuviera ya el caso armado.

Tiene detenido en Penal del Altiplano a José Ángel Casarrubias Salgado, “el Mochomo’’, quien presuntamente dio la orden de asesinar y posteriormente incinerar a los normalistas.

La Fiscalía detuvo hace una semana en Metepec, Estado de México, al Mochomo, pero su captura no se dio a conocer sino hasta el lunes.
Gertz está a punto de cerrar el círculo; se terminó la “verdad histórica’’ heredada de Jesús Murillo Karam, como dijo el propio Fiscal, y ahora entraremos, si la investigación no se contamina, a la etapa de la verdad sin adjetivos.

¿Tendrán algo de que preocuparse Murillo Karam, Aguirre Rivero y otras personalidades del peñismo?

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El otro tema es el de las acusaciones de corrupción que pesan sobre Emilio Lozoya Austin por haber recibido, presuntamente, sobornos millonarios de la brasileña Odebrecht, dinero que habría parado, al menos una parte, en la campaña de Peña Nieto y otra en sus cuentas personales.

El otro caso del que se le acusa es el de haber comprado la planta de Agronitrogenados con sobreprecio a Altos Hornos de México, de Alonso Ancira, también preso en España.

Lozoya, informó Gertz, aceptó ser extraditado a México y colaborar con la Fiscalía para aclarar el tema.

Hace unos meses, cuando se dio a conocer la orden de aprehensión en su contra, Javier Coello Trejo, entonces abogado del ex director de Pemex, dijo que Lozoya estaba dispuesto a “aclarar de quién fue la orden’’ de comprar a ese precio Agronitrogenados así como el destino de los supuestos sobornos de Odebrecht.

Y si bien la investigación sobre Ayotzinapa podría alcanzar a algunos funcionarios federales de segundo nivel, el de la compra de la planta a AHMSA puede llegar a los peces gordos del anterior Gobierno.

¿Será posible?

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Ayer se celebró el primer aniversario de la creación de la Guardia Nacional y en el evento el secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo, reconoció que aunque la militarización no resuelve los problemas de inseguridad “es la disciplina, la formación y la vocación de servicio castrense lo que ayuda a que la GN, como organización policial civil, reconstruya la paz y la tranquilidad de los mexicanos’’.

LEG