De manera paradójica, el principal problema de la estrategia de seguridad no se ha dado con los delincuentes, sino con las instancias políticas y sociales. La reciente matanza entre criminales en Caborca, Sonora, y el planteamiento de inconstitucionalidad sobre los militares en apoyo de seguridad pública en nivel de seguridad interior llevó al secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, a fijar un criterio que debiera consolidarse:

En una reunión con la gobernadora priista sonorense Claudia Pavlovich dijo: “acordamos consolidar el respeto al espacio de la seguridad pública como un ámbito de neutralidad política, de tal manera que no agreguemos a las complejidades que tiene la seguridad, las complejidades inherentes a las cuestiones políticas.

En efecto, las posiciones políticas de confrontación en un sistema plural han distorsionado las tareas de seguridad. En Caborca ocurrió un choque entre dos bandas por el posicionamiento territorial local y el decreto del 11 de mayo se basa en el Cuarto Transitorio constitucional de marzo de 2019 para legalizar la participación de las fuerzas armadas en apoyo a la seguridad. Desde que comenzó esa participación en diciembre de 2006 a la fecha, las fuerzas armadas en ningún momento han tenido acciones represivas contra población civil ni contra movimientos sociales.

De ahí el criterio de Durazo de llevar la seguridad pública –en reconocimiento y reclamos– a un campo de “neutralidad política” podría ayudar a construir un consenso nacional de seguridad que involucre a actores políticos y sociedad misma en acciones integrales de seguridad. La estrategia de seguridad tiene que lidiar contra los delincuentes, pero también contra sectores políticos opositores y sectores de la sociedad suspicaces.

Durazo dio en el clavo: la neutralidad política de la seguridad sería un gran avance en la lucha contra la delincuencia. Y a partir de ahí, claro, exigir resultados. Porque buena parte de la delincuencia se apoya en políticos y funcionarios y en la complicidad de la sociedad.

 

Zona Zero

  • La ofensiva contra el Cártel de Santa Rosa de Lima rompió la maldición Ovidio de que las fuerzas de seguridad no podrían tocar capos sin desatar reacciones de guerra criminal. Al final de cuentas, se ha demostrado que el Estado sigue siendo la fuerza dominante en seguridad.

 

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

 

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