“Recordar la tragedia del New’s Divine es terrible, cada año nos hacen que lo revivamos, podemos decir que a 12 años no hay avance. Queremos justicia”, comentaron familiares de Erika Rocha Maruri, quien tenía 13 años cuando falleció, el 20 de junio de 2008.
Los hechos ocurrieron debido a fallas en un operativo policiaco por parte del Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal (Unipol) en la discoteca, que derivó en una estampida humana que ocasionó la muerte por asfixia de 12 personas: nueve adolescentes y tres policías.
Otras 16 personas resultaron lesionadas, algunas con secuelas irreversibles, como es el caso de Jennifer Martínez, que padece parálisis cerebral.
La familia de Erika relató que este sábado podrán ingresar al inmueble por espacio de una hora para colocar veladoras en el altar, pero no se oficiara una ceremonia religiosa por la contingencia sanitaria.
¡“Estamos olvidados (…) sólo llegan los aniversarios y es cuando se acuerdan de nosotros y al otro día las autoridades se olvidan”, manifestaron a 24 HORAS.
Los parientes de la joven destacaron que Guillermo Zayas quien, en 2008, dirigía Unipol y estuvo al frente del operativo, continúa prófugo de la justicia y es responsable de homicidio culposo.
“Desde el aniversario pasado no hemos recibido información de la investigación, los demás papás agarraron su camino por su lado, si antes no nos hacían caso ahora menos. La reparación del daño se quedó detenida”, refirieron.
Por otra parte, activistas consultados señalaron que, en el caso de Jennifer, le suspendieron en 2018 los apoyos de salud después de haber presentado una demanda en contra de Francisco Chíguil Figueroa, quien en ese entonces estaba al frente de la delegación Gustavo A. Madero y hoy en día es alcalde de la misma demarcación.
“Prevalece la impunidad, no hay avances”, detallaron.
Abundaron que en el caso de las víctimas fatales se encuentran en absoluto olvido y la situación de Jenifer es preocupante, porque requiere insumos hospitalarios.
“Es una ayuda que le corresponde como a cualquier otro ciudadano y le han negado el acceso después de la denuncia que interpuso su mamá. Jenny contaba con un convenio de atención médica y hospitalaria, pero fue revocado de manera arbitraria y la deja en total desamparo”, expusieron.
LEG