El juez federal Uriel Villegas, quien fue ultimado junto con su esposa Verónica Barajas, su domicilio en Colima, renunció a su servicio de escolta en los primeros meses de 2019.
Durante la videoconferencia Los ministros hablan: El Poder Judicial frente a la pandemia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, señaló que el homicidio fue un crimen de Estado.
“Que no haya duda que este es un crimen de Estado y cuando hay un crimen de Estado todas las instituciones del Estado mexicano estaremos del mismo lado, aquí no caben las diferencias, no caben las políticas, no cabe ninguna otra distracción”, afirmó.
Comentó que el juzgador Villegas (quien llevó uno de los casos de Rubén Oseguera El Menchito, también un amparo que solicito Ismael Zambada Imperial, El Mayito Gordo) contaba con protección, pero optó por renunciar a ella.
Destacó que el CJF al revisar el tipo de asuntos que tenía bajo su estudio, le envió un oficio solicitándole que reconsiderara, pero reiteró su decisión de no contar con seguridad.
El presidente de la SCJN rechazó las versiones de que el juez se quedó sin escoltas por medidas de austeridad y subrayó que existe un presupuesto asignado para esta tarea, que es prioritaria para el Poder Judicial.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es el encargado de contratar el Servicio de Protección Federal (SPF) y asignarlas a las necesidades, expresaron fuentes consultadas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
LEG