Julio Márquez, papá de Julio César Yeyé, uno de los 49 pequeños fallecidos tras el incendio que consumió la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, dijo que son 11 años en los que todas las familias siguen esperando justicia, que significa castigo para los responsables.

Relata que es una eternidad el tiempo que llevan exigiendo que se esclarezcan los hechos y cuestiona si en otros países, donde se aprecie el Estado de Derecho y las leyes se cumplen, pueda un juicio alargarse tanto.

Los recuerdos que tiene de Yeye cuando contaba con dos años y nueve meses, son casi todos los momentos porque adquirió una cámara donde le hizo infinidad de videos.

“Lo que no puedo encontrar en un video, lo llevo en mis memorias, recuerdo sus alcances a tan corta edad. Cuando ocurre la tragedia se nos viene el mundo encima”, manifiesta en una entrevista con 24 HORAS desde Querétaro, donde emprendió un negocio de venta de tortillas de harina.

Reseña que la pérdida de su niño es como si una bomba atómica hubiera caído en el seno de su familia y hubiera dejado una zona cero y luego una onda expansiva que los arrasó a todos con una terrible situación emocional.

Refiere que hace tres años se dictó sentencia contra 19 servidores públicos y dos particulares que eran socios de la Guardería, pero primero pasaron ocho años para que se dictara sentencia.

Detalla que están en espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva diversos juicios de amparo que determinarán si las sentencias que impusieron hace unos años se van a mantener, modificar o que los sentenciados sean exonerados.

“Hace tiempo un Tribunal Colegiado solicitó a la Corte que atrajera diversos juicios de amparo que presentaron tanto familias de víctimas como sentenciados, pero la SCJN tardó casi un año en atraer esos juicios y tiene no menos de un año sin que se pronuncie”, refiere.

El papá de Yeyé suspira y retoma el aliento, resalta que ahora está otro Gobierno a nivel federal, para ellos el tercero desde la tragedia que marcó a decenas de familias.

“Hay que recordar que cuando pasa este siniestro estaba Felipe Calderón como presidente, concluye su sexenio en 2012 y llega Enrique Peña Nieto, después en 2018 entra Andrés Manuel López Obrador y no han logrado otorgar justicia”, expresa.

Márquez destaca que la actual administración a través del área jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social presentó una denuncia de hechos en contra del ex gobernador de Sonora y contra quien resulte responsable.

Cuestionado de la forma en que se manifestarán este viernes, señala que se hará un movimiento virtual donde van a invitar que se conecten diversos funcionarios del Gobierno federal para una conversación.

Pandemia frena investigación del caso: abogado

Al cumplirse este viernes 11 años del incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos. Gabriel Alvarado, abogado de un grupo de 17 padres, manifestó que desde el 15 de marzo derivado de la contingencia sanitaria por Covid-19, la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) está suspendida.

“Días antes que decretaran la contingencia estaba preparando la FGR una serie de diligencias que son de suma importancia para llegar a los esclarecimientos, pero todo quedó en suspenso hasta que se reanuden las actividades”, expresó a 24 HORAS.

Insistió que todo está pendiente respecto a una averiguación previa que tiene la FGR y que está planteada sobre la hipótesis de la posible intencionalidad del siniestro que cobró la vida de los infantes.

El defensor señaló que hay dos carpetas de investigación que tienen que ver con las personas relacionadas en aquel entonces con el gobernador José Eduardo Bours y del exprocurador de la entidad, Abel Murrieta.

Alvarado destacó que la averiguación está aperturada desde abril de 2013 y contempla personas que se desempeñaban en la Secretaría Técnica del Ejecutivo estatal.

“Por otra parte está personal de la propia Procuraduría del Estado que fue la que tomó conocimiento oficioso del caso cuando recién ocurrió la tragedia por haber desviado las investigaciones desde la primera diligencia”, consideró el abogado.

Lo anterior para evadir la responsabilidad de los funcionarios que tuvieron participación en estos hechos.

Indicó que las familias confían en el compromiso del Gobierno federal en el sentido, que, aunque tarde ejercerán justicia.

El 2 de septiembre del año pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que retomaría la investigación y presentaría ante la FGR una ampliación para añadir una denuncia penal presentada el 22 de mayo