La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, afirmó que, aunque ya hay una reforma a ocho leyes para combatir la violencia política contra las mujeres, la lucha para favorecerlas no ha acabado.
Indicó que esos esfuerzos aún no terminan, y ahora se deben aplicar todas las políticas institucionales para la defensa de los derechos de las mujeres. Ellas, dijo, tienen que saber que no están solas.
La magistrada ofreció una conferencia magistral en el foro virtual “Elecciones Yucatán 2021. Paridad y violencia política contra las mujeres” organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC); la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales A. C. (AMCEE) y Mujeres en Plural.
En el encuentro moderado por la consejera presidenta del IEPAC, María de Lourdes Rosas Moya, Mónica Soto Fregoso recordó que el próximo proceso electoral en 2021 es el más grande de la historia, y bajo ese enfoque hay que analizar desde ahora cómo van a enfrentar las mujeres ese compromiso en la política. La tarea, adelantó, es prevenir, sancionar y erradicar la violencia política de género.
Frente a personalidades como la consejera electoral María del Mar Trejo Pérez; la diputada local María de los Milagros Romero Bastarrachea; la diputada federal Dulce María Sauri Riancho y la exsenadora Beatriz Zavala Peniche, la magistrada de la Sala Superior del TEPJF destacó el marco legal que se aprobó, en una reforma a ocho leyes, con el que las mujeres están protegidas ante cualquier intento de violencia política.
Soto Fregoso indicó que en este marco la armonización tiene que partir para desdoblar las reformas en cada una de las entidades federativas, respetando siempre las decisiones de sus congresos.
Opinó que con ese marco legal los partidos políticos tendrán que reformarse y hacer una reingeniería de su forma de hacer política, pues tienen que respetar la paridad 50-50 entre hombres y mujeres, y ya no tienen opción.
Cuando se falte a una normativa, explicó, podrá haber sanciones que pueden llegar hasta la cancelación del registro al partido; destacó que la reparación del daño a las víctimas, como disculpa pública a quien haya cometido violencia política contra las mujeres por razón de género, también desincentiva porque puede afectar a la imagen pública del infractor.
fahl