En el discurso de una parte significativa de la población, en particular entre quienes desde la opinión pública motivaron el cambio de régimen, hay un denominador común: todo, absolutamente todo, de lo hecho en administraciones pasadas fue objeto de corrupción o generador de pobreza.
En foros, textos o charlas informales se afirma con contundencia que las políticas del pasado no hicieron más que incrementar el número de mexicanos en situación de penuria y que la implementación de un nuevo modelo -sin que éste pueda ser definido aún- será la salvación para los millones de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad.
Muy pocos reconocen los esfuerzos realizados en los últimos años por combatir la miseria y sus consecuencias, con resultados que fueron alentadores y reconocidos, incluso, más allá de nuestras fronteras.
Casi nadie recuerda las políticas públicas puestas en marcha en los bienios 2014-2016 y 2016-2018 en materia social y económica para lograr reducir los índices de marginación. De acuerdo con las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el primer lapso, la población en situación de pobreza disminuyó en un 3.5%, para sumar un total de 53 millones 418 personas.
Entre 2016 y 2018, se registraron 52.4 millones de habitantes en esta condición, un dato, como podrá observarse, inferior a los 53.4 millones que se habían tenido en 2016.
Este freno en el aumento de la pobreza y su consecuente reducción no fue producto de la casualidad. Fue resultado de la implementación de una compleja estrategia de inclusión que consistió en alinear todos los programas sociales del ámbito federal, de los estados y muchos de los esfuerzos de responsabilidad social de las empresas con los parámetros a través de los cuales se mide este fenómeno.
Recordemos que, desde 2004, con la creación del Coneval, la medición de la pobreza en nuestro país se hizo mucho más estricta y, por ende, con cifras mucho más elevadas. En términos sencillos, ésta consta de una evaluación sobre el acceso o carencia a seis derechos básicos que son educación, salud, seguridad social, alimentación, calidad de la vivienda y servicios a la vivienda, además de la capacidad de alcance a dos canastas de productos y servicios básicos.
Será bajo esta misma métrica y no otra como esta administración será evaluada en su desempeño en materia de combate a la marginalidad. Y el panorama no es nada alentador. Previsiones del banco BBVA adelantan que al menos 12 millones de personas podrían ingresar a las filas de la pobreza, derivado de la crisis que ha provocado la pandemia del Covid-19 y el escaso rendimiento económico de México.
Habrá que conocer los argumentos de quienes veían el apocalipsis en el pasado ante lo que se avecina en estos nuevos tiempos. Para salir adelante, el esfuerzo deberá ser de todos.
Segundo tercio. “Ahora mismo no estamos en la segunda oleada. Estamos justo en medio de la primera oleada en todo el mundo”, apuntó ayer de manera oportuna Mike Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS.
Tercer tercio. Regresar o no a clases, cuándo y bajo qué esquema será la decisión más difícil de las autoridades en medio de esta pandemia. Es la salud de nuestros hijos la que está en juego.
@EdelRio70