“No se trata de una militarización, solo es el apoyo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública para enfrentar la inseguridad y la violencia”, “Son necesarias la disciplina y el profesionalismo del Ejército y de la Marina porque no quiero, lo digo con toda franqueza, que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal Preventiva, sería un rotundo fracaso”, “Aunque me critiquen de que quiero militarizar al país, seguiré insistiendo en que nos deben ayudar en tareas de seguridad pública, estoy convencido de que es necesario”.

Son algunas de las justificaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador y varios miembros de su gabinete han utilizado para oficializar la militarización de la seguridad pública, aun cuando el propio jefe del Ejecutivo federal, diputados, senadores, funcionarios y casi todos los integrantes de la 4T, se habían pronunciado en contra de la misma medida que tomaron los dos últimos presidentes de México.

A pesar de que el Acuerdo mediante el cual se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública, fue publicado el lunes 11 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, no fue sino hasta el pasado jueves cuando López Obrador salió al paso para exponer sus razones por las cuales daba marcha atrás a su estrategia de “Abrazos no balazos” y recurría a las mismas acciones de Calderón y Peña, que tanto criticó.

Desde el mismo día que se dio a conocer el Acuerdo en el DOF, las críticas, condenas y pronunciamientos, incluso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cayeron como cascada contra el presidente López. “Hemos de recordar que el Estado Mexicano ha sido condenado en el pasado por los abusos e impunidad de las fuerzas armadas por actos de desaparición forzada de personas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, detenciones ilegales y tortura. Y el Acuerdo adolece de elementos concretos que garanticen el indispensable uso de la fuerza conforme al respeto y garantía de los derechos humanos”, señala el comunicado de la CNDH.

Si bien el multicitado Acuerdo estaba contemplado desde el Decreto del 26 de marzo de 2019, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de Guardia Nacional, y que en su Quinto Transitorio se establece que durante los cinco años siguientes a su entrada en vigor el Presidente podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, su publicación este 11 de mayo hizo evidente el fracaso de la estrategia contra la violencia e inseguridad de López Obrador.

Uno de los críticos a la “estrategia” de este Gobierno es Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, quien consideró que este Acuerdo busca apaciguar la inquietud de los militares sobre su actuación en las calles y aplacar las críticas al desempeño de la Guardia Nacional, institución, dijo, que, a pesar de estar operando en diversos estados del país, no se le ha otorgado ni los recursos ni el tiempo necesarios para su consolidación.

“El que no conoce la historia está condenado a repetir los errores” advierte este refrán que pareciera no conoce ninguno de los integrantes del gabinete de seguridad de esta administración, ya que la experiencia de utilizar a militares en el combate a la delincuencia ha estado marcada por la violación sistemática de los derechos humanos de la población civil.

Todo indica que López Obrador adelanta un control de daños para hacer menos dolorosos los meses que se avecinan por la crisis económica, derivada de políticas erróneas y la pandemia por Covid-19, que dispararán los secuestros, robos, extorsiones y por ello saca a los militares a las calles. En este escenario es preciso recordar que los homicidios dolosos han roto récords históricos éste 2020 y que el mismo Presidente reconoció que no han podido disminuir ese delito.

 

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