En una acción unánime los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) invalidaron la llamada Ley Bonilla que fue aprobada el 23 de julio del 2019 por diputados del Congreso de Baja California para ampliar de dos a cinco años el mandato del gobernador Jaime Bonilla.
Por lo anterior el período del mandatario estatal de Morena concluirá el 30 de octubre de 2021, y no en 2024.
Durante la sesión pública a distancia del pleno del máximo tribunal, transmitida por videoconferencia, los ministros señalaron que la reforma aprobada en Baja California representaba un fraude a la Constitución, un atentado contra la democracia y una reelección disfrazada.
Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, dijo que la reforma aprobada por el Congreso de la entidad constituyó un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático.
“Bajo la apariencia de que se estaba actuando en uso de su facultad legislativa y en ejercicio de su competencia para legislar sobre su organización política y electoral, el Congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido, al decretar, por ley, que un Gobernador electo por dos años, ejercería el cargo por cinco”, refirió.
“Estas violaciones sería suficiente para declarar la invalidez de la reforma impugnada; pero apreciadas en su conjunto, e interrelacionadas, ponen de manifiesto un verdadero fraude a la Constitución; un efecto corruptor de rango Constitucional”, señaló.
Añadió que su análisis constitucional parte de la siguiente premisa fáctica, probada en autos: que el proceso electoral 2018-2019 en Baja California se inició, desarrolló y concluyó bajo la vigencia plena del artículo Octavo Transitorio original, que establecía una duración de la gubernatura de dos años.
Durante la sesión los ministros se pronunciaron a favor con la propuesta de resolución del Ministro Fernando Franco González Salas para invalidar esta ley.
Sientan precedente
En su intervención la Ministra Yasmín Esquivel dijo que la Corte sienta este precedente para evitar que cualquier autoridad federal, estatal o municipal cambie las reglas sobre el voto ya emitido, y pretenda perpetuarse en el cargo.
Prorrogar desde el poder político el periodo de duración de mandato para un cargo ya elegido, implica pretender evitar que exista una verdadera contienda “y se convertiría en una reelección disfrazada ”, añadió Esquivel.
El Ministro Alberto Pérez Dayán externó que no basta con que se diga que se amplió el periodo porque el pueblo quiere porque aunque lo pida si viola los principios de la democracia, es inválido.
LEG