Los diputados del PRI, Dulce María Sauri y Enrique Ochoa Reza presentaron un punto de acuerdo a la Comisión Permanente para que se de marcha atrás al acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que da prioridad a la infraestructura eléctrica sobre las energías renovables.
Se pide a la Secretaría de Energía -que preside el Consejo de Administración de Cenace-, y al propio Centro, que reconsideren el Acuerdo, pues afecta derechos adquiridos de los generadores de energías renovables y de los consumidores en todo el país.
Esto puede provocar litigios multimillonarios contra el Estado mexicano se advierte en el texto que tiene el apoyo del coordinador del PRI en San Lázaro, René Juárez y de 33 diputadas y diputados más.
También se piden a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que defienda la legalidad, impida el atropello y evite que el Cenace invada sus facultades.
Mientras que a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) se le pide que garantice la libre concurrencia y competencia económica y proteja al consumidor final.
“Derivado del mandato legal con el que fue creado el Cenace, sorprende los alcances del acuerdo publicado el 29 de abril, el cual ha prendido las alarmas en el sector privado toda vez que atenta contra la generación de energías renovables y las inversiones que se están realizando en este sector”.
Subrayaron que el Cenace -tomando como justificación la crisis sanitaria por el Covid-19– implementó medidas que afectan de manera grave al sector energético y particularmente aquellas centrales eléctricas que generan energías renovables.
Sauri Riancho y Ochoa Reza dejaron claro que la generación de energía eléctrica no es una actividad reservada para el Estado, es una actividad libre para la participación de los sectores privado y social, en función de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.
El acuerdo del Cenace plantea que para atender los supuestos problemas operativos de despacho de energía eléctrica surgidos por cambios en el mercado eléctrico atribuibles a la pandemia, se suspende de facto, las pruebas preoperativas de las Centrales Eléctricas “intermitentes” eólicas y fotovoltaicas en proceso de alcanzar operación comercial
Además de que niega de manera anticipada la autorización de pruebas preoperativas de aquellas Centrales Renovables que a la fecha no hayan iniciado en dicha etapa.
Para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) este acuerdo impide arbitraria e indefinidamente la entrada de operación de nuevas centrales de generación limpia, que deberían ser consideradas una actividad esencial para el país.
La normativa “erige barreras a la competencia y desplaza a la iniciativa privada, beneficiando indebidamente a centrales de generación más costosas y contaminantes”, señaló el organismo.
“Como en ocasiones anteriores, el sector privado tomará las medidas legales conducentes para defender la competencia con piso parejo y el derecho de los mexicanos a un medio ambiente sano”, advirtió el CCE.
AR