“La contención del homicidio doloso ha resultado complicada, pero estamos avanzando”, fueron las palabras del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, durante la mañanera del pasado viernes, cuando tuvo que salir a tratar de contener las críticas, señalamientos y advertencias que se le han hecho al Gobierno federal por el aumento de la violencia y los homicidios dolosos en el país.
De acuerdo con el “Panorama” en materia de seguridad que presentó Durazo en esa conferencia, “la cifra correspondiente al mes de marzo de 2020 por el delito de homicidio doloso es superior en 3.73%, respecto a diciembre de 2018”. ¿Pero por qué no comparó las cifras del primer trimestre con marzo de 2019? Esto permite demostrar que el homicidio doloso creció 6.11%; la violación 13.64%; la trata de personas 82.61% y el narcomenudeo 19.34%.
Ese mismo día la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que la violencia en México no ha disminuido, pero justificó el incremento de los homicidios dolosos al ajuste de cuentas entre organizaciones criminales. “Desgraciadamente la violencia o el ajuste de cuentas en grupos de la delincuencia organizada no ha bajado”, dijo la ministra en retiro.
Es evidente, como lo señala Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, que, ante el incremento de la violencia a niveles históricos durante esta administración, “se vuelve insostenible el argumento que tanto el presidente López como el secretario Durazo han repetido por meses, que ya se había alcanzado el nivel más álgido de violencia, que ésta ya iba en descenso”.
Es necesario destacar que el pasado domingo 19 de abril se registraron 105 homicidios dolosos, que lo convirtió en el día con la mayor cantidad de víctimas de este año, sin embargo, el lunes 20, se volvió a romper el récord negativo con 114 homicidios cometidos en tan solo un día.
Frente a estos escenarios es incomprensible el acuerdo que tomaron López Obrador, Durazo y Cota Montaño, para disponer de los recursos que por ley se destinan al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) a través del cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública, y al FORTASEG que es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para el Fortalecimiento de los temas de Seguridad.
Loable, comprensible y necesario buscar recortar dinero de proyectos y programas que no son prioritarios para enfrentar la pandemia por Covid-19, pero, desviar esos recursos ante la peor crisis de violencia y seguridad en lugar de tomar el dinero de obras que científicos y especialistas, nacionales y extranjeros han advertido sobre su poca viabilidad y dudosos beneficios, pareciera burla para las víctimas de delitos, sus familiares y pueblo en general.
Lamentable también que López Obrador haya aceptado reunirse con la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuando ha rechazado entrevistarse con víctimas de la violencia, mujeres que exigen respeto a sus derechos y freno a los feminicidios, policías federales y organizaciones de la sociedad civil, lo que manda un mensaje muy claro de cuáles son sus prioridades.
Difícil panorama el que se vislumbra para lo que resta del año y el próximo, como resultado de la pandemia por Covid-19 y por la serie de decisiones que ha tomado esta administración, entre ellas, la negativa de hacer cambios a su “estrategia” de seguridad.
El mismo Francisco Rivas advierte que vienen tiempos difíciles y hace una serie de recomendaciones para evitar ser víctimas de un delito ya que, “como ha sucedido en pasado, tras una crisis económica, siempre crecen los delitos”.
@osdtagle