El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una nueva iniciativa para reducir al 50% el financiamiento público para los partidos políticos nacionales y poder reorientar esos recursos a programas de salud y de reactivación de la economía para afrontar los efectos de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

La nueva propuesta surge en el contexto de una emergencia sanitaria desatada por la pandemia global del COVID-19, que requiere un reacomodo del gasto público y direccionar los recursos a las áreas que demandan una mayor prioridad para la contención y tratamiento de la pandemia, la cual también ha generado repercusiones en la economía de México y el mundo.

En ese sentido, las diputadas y diputados federales de Morena plantean reducir el monto de recursos públicos otorgados a los partidos políticos, el cual se ha multiplicado en diez veces desde la consolidación del actual régimen de financiamiento público en 1996, al pasar de 386 millones de pesos en 1997 a 3 mil 941 millones de pesos en 2017.

En este escenario, la fracción mayoritaria en la Cámara de Diputados considera urgente que las fuerzas políticas pasen de los buenos deseos a las acciones y reinvindiquen para la población los recursos públicos que les pertecen.

“Creemos fervientemente que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. No puede haber partidos que dilapidan recursos públicos en un contexto político electoral regido por el dinero, frente a una situación nacional que demanda cada vez más recursos, hoy, para atender la emergencia y superar pronto sus secuelas, más adelante, para superar la amplísima brecha de desigualdad que sume a la gran mayoría de las familias en México en situaciones de pobreza y pobreza extrema”, expone la iniciativa.

En la iniciativa se argumenta que ha habido intentos para impulsar desde la legislación modificaciones a la forma en que se calcula el monto de recursos destinados a los partidos políticos, dependiendo si se trata de actividades ordinarias o de actividades específicas, como ocurrió en la reforma electoral del año 2006, sin embargo estas modificaciones no han sido suficientes, por lo que se requiere tomar medidas realmente efectivas.

En ese tenor, y sin trastocar los principios de proporcionalidad, se propone la reducción de un 50% de los recursos (al disminuir el factor de 65% a 32.5% en el cálculo establecido en el artículo 41 constitucional), para así liberar una cantidad significativa de recursos públicos, la cual tan solo para el año 2020 sería de $2,619 millones de pesos.

La nueva iniciativa establece un segundo artículo transitorio por el que los recursos liberados por esta reforma se destinarán a los programas de salud y de reactivación económica de respuesta a la contingencia generada por la pandemia del Covid-19.

Esta propuesta para reducir el financiamiento de los partidos políticos se ciñe a los compromisos de austeridad y gasto responsable que se requieren para la construcción de la nueva vida pública del país.

 

ica