En muchos de los países del mundo, la banca de desarrollo está actuando como instrumento del Estado para atemperar los efectos nocivos del COVID-19 sobre la economía.
En Francia, por ejemplo, el gobierno federal aportó cuantiosos recursos al Banco Público de Inversión (BPI) para que éste otorgue garantías de pago a los bancos comerciales sobre los créditos otorgados a empresas, hasta por el 90% de su monto y con tasas del 1 al 3%. Con esto, se busca sostener la liquidez de las empresas frente a condiciones de mínimos ingresos por la caída de la demanda. Esto se complementa con otras medidas de carácter fiscal, como son posponer pagos de impuestos y de obligaciones sociales, proceder a disminuciones temporales de trabajadores con respaldo íntegro del gobierno y, desde luego, la suspensión de términos y la aplicación de sanciones.
En otros países, como Alemania, los EU o Perú, se aplican medidas semejantes.
En este último, por ejemplo, se aplica un novedoso esquema de garantías del Banco Central de Reserva y del Ministerio de Economía para apoyar la subsistencia de la PYMES y garantizar el funcionamiento de las cadenas de pagos.
El Banco Internacional de Pagos (BIP) propone, por su lado, llenar el hueco dejado por las finanzas basadas en el mercado con el congelamiento de recompras de acciones y dividendos a nivel mundial. Además, recomienda préstamos bancarios garantizados por los gobiernos para las pequeñas y medianas firmas, por el equivalente a los impuestos pagados el año anterior. Esos préstamos podrían ser titulizados y refinanciados por los bancos centrales.
En todo caso, existe el consenso internacional de que la crisis del COVID-19 no puede ser enfrentada con los esquemas tradicionales, sino que debe ser mediante esquemas innovadores que reconozcan la diferente naturaleza de su causa.
En el caso de México, no vemos en absoluto una respuesta de los bancos de desarrollo, especialmente de NAFIN y BANCOMEXT, que deberían estar actuando como garantes de la liquidez de más de un millón de MIPYMES, solamente en el sector industrial.
CONCAMIN considera que estas instituciones deben propiciar el crecimiento económico garantizando que no se interrumpan los flujos financieros que existen alrededor de los proyectos públicos y privados estratégicos; no debe perderse de vista que la contingencia de salud pasará, pero el daño económico podría ser de enorme profundidad y largo plazo.
En consecuencia, deberían estas instituciones desarrollar programas especiales que permitan la continuidad de las empresas a través de: 1). Garantizar el pago oportuno a proveedores de bienes y servicios de los tres niveles de gobierno. Ello impediría que se interrumpan los flujos económicos y se origine desempleo. 2). Reactivar el factoraje, con líneas suficientes a través de todo el sistema bancario; 3). Desarrollen nuevos y ágiles mecanismos de financiamiento para mantener los flujos operativos de las empresas, como los que se están aplicando en otros países, y 4). Impulse novedosos productos financieros en los que actúe como banca de primer piso y a través de la banca comercial para apoyar los sectores y cadenas productivas estratégicas ya sea por su contribución al empleo, al crecimiento, al cuidado de la salud o a las exportaciones hacia los Estados Unidos, evitando que los productos de México sean sustituidos por los de otros países como consecuencia de las drásticas medidas de contención anunciadas.
“Es preciso no olvidar que nuestra industria es parte importante de las cadenas globales de proveeduría, por lo que es fundamental cuidar que no se pierdan inversiones en México que se deben a consideraciones estratégicas de mercado, y no necesariamente a la demanda nacional”, señaló Francisco Cervantes Díaz, Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN).
MGL