El crecimiento económico de México tendrá un fuerte impacto negativo gracias a la combinación de incertidumbre y decisiones internas “desafortunadas” de política económica, en conjunto con el entorno global de volatilidad financiera que se mantendrá a lo largo del año, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En su análisis semanal, el organismo indicó que diversas declaraciones y acciones de funcionarios gubernamentales generan inquietud e impiden detener la caída de la inversión privada y pueden también estar detrás del debilitamiento del consumo.
A decir del CEESP, se necesitará un plan sólido para enfrentar la emergencia sanitaria y la crisis financiera de los próximos meses, para el cual el Gobierno “podría empezar” por generar un entorno de confianza para facilitar la inversión privada.
De igual forma, agregó que sólo se puede intuir o especular sobre el origen de los 400 mil millones de pesos que anunció el Gobierno para hacer frente a la contingencia, puesto que no hay indicio alguno de esos recursos en el Presupuesto Económico 2020.
Por separado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exhortó al Gobierno a llevar a cabo la Declaratoria Oficial de Contingencia Sanitaria para brindar certeza a millones de micros, pequeños y medianos empresarios; y a sus trabajadoras y trabajadores.
Lo anterior, debido a que sin la Declaratoria, quienes tienen una empresa se encuentran en la incertidumbre por no saber con claridad qué hacer o las repercusiones legales con respecto a las medidas de la “Jornada Nacional de Sana Distancia”, porque el marco legal actual no autoriza a los empleadores solicitar a sus trabajadores que no acudan a laborar y al hacerlo podrían caer en una ilegalidad.
“De igual manera la falta de certeza también lastima a los empleados dado que, si se ausentan de sus puestos de trabajo, la propia Ley Federal de Trabajo no les protege”, indicó y urgió a decretar la Declaratoria para que empresas estén obligadas a pagar a sus trabajadores una indemnización de hasta 30 días de salario mínimo.
“Además cada empresa, acorde a su capacidad económica, podría negociar un salario mayor al mínimo durante la suspensión, y las que por su precaria condición económica no pudieran pagar el mínimo, lo tendrían que acreditar”, señaló.
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