Ángel Álvaro Peña

Bien dicen que en momentos de crisis la verdadera personalidad de los funcionarios públicos sale a relucir. Y en esos casos es cuando demuestran si en realidad nacieron para servir o sólo están ahí para ver qué ganan.

Y las emergencias deben tomarse no sólo en su dimensión sino dedicar espacios y tiempo para la prevención, de tal suerte que haya menos afectados, y en caso extremo, menos muertes. Pero el origen de esta pugna política surge desde la oficina misma del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, desde donde debieran desprenderse una serie de medidas precautorias para que no haya un solo veracruzano con problemas respiratorios graves debido al Covid-19, pero como vimos en este mismo espacio, la salud es lo que menos le interesa al Gobernador y su grupo de aprendices de burócratas.

Ante la precaución que tomaron algunos presidentes municipales de Veracruz, desde el 23 de marzo, por poner horarios y restringir la posibilidad de movilización de la población. De inmediato el secretario de gobierno, Eric Cisneros, sin importar las causas por las cuales los presidentes municipales adoptaron dichas medidas, les intentó poner un alto.

El desconocimiento de la geografía estatal de muchos de los actuales funcionarios públicos impide que tengan una visión clara de la realidad de los habitantes, pero como los del equipo del gobernador simplemente son ratas de escritorio poco es lo que puede pedírseles en realidad. Son personas muy limitadas en todos los sentidos.

Hay casos como Tamiahua, que sólo tiene un centro de salud precario, y que en caso de que la epidemia invadiera el municipio, tendrían que enviar a la gente enferma a Tuxpan, donde sólo hay un hospital regional, con una capacidad muy reducida. Los enfermos están en el suelo y carece del mínimo equipo para atender la contingencia.

De este grave problema hemos hablado en este espacio desde octubre del año pasado y nunca escucharon la voz de los medios que solicitaban una urgente reestructuración de la infraestructura de salud, pero nadie movió un dedo, a pesar de que fueron muchas las voces que alertamos sobre la necesidad de apoyar el sistema de salud en Veracruz, pero en espacial en el norte de la entidad.

Ahora, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, restringe las medidas de algunos municipios, todos los aludidos pertenecen a partidos de oposición, y señala que el gobierno del estado sólo reconoce las medidas que señala el Sistema Nacional de Salud, porque el resto de las medidas adoptadas no son avaladas por el gobierno estatal. Y recomienda reconsiderar medidas tales como el acceso a las playas y la forzosa revisión de los vehículos con placas de otros estados hacia el municipio, a través de retenes sanitarios que vigilarán el estado de salud de quienes ingresan.

Esto al secretario de Gobierno, y seguramente al Gobernador, le parece un exceso, tal vez una exageración, pero lo cierto es que en materia de salud los municipios del norte de Veracruz están aislados desde hace muchos años. La necesaria reactivación de un servicio de salud sano debió instalarse desde hace mucho tiempo y en momentos como los que vive el país requiere medidas difíciles de adoptar como lo hiciera la alcaldesa de Tamiahua, Citlalli Medellín Careaga, que siempre reconoció que son medidas muy difíciles de aportar.

Lo que llama la atención de las autoridades estatales es que se indignen por los retenes que existen en las entradas de municipios como Tamiahua y no hayan hecho nada por los retenes del crimen organizado que asaltan y desparecen a las personas que en algunos otros municipios tratan de transitar. Los retenes en Veracruz son cosa de todos los días, la mayoría de ellos no son para realizar una revisión sanitaria sino para asaltarlos, secuestrarlos o robarlos.

En esos momentos ni siquiera dijeron esta boca es mía, simplemente callaron para que no les exigieran trabajar en el asunto. El desconocimiento del estado, la falta de responsabilidad respecto a su trabajo y la incapacidad crea todo un ambiente de enfrentamiento entre el gobierno estatal y los municipios de oposición, sin más razón de por medio que la negligencia.

En momentos en los que todos debemos estar unidos, el secretario de Gobierno comienza a dar a conocer su verdadera personalidad represiva, porque no es el primer acto de restricción que realiza en este mes, recordemos que ordenó golpear a los indígenas que se manifestaron durante la inauguración de la Cumbre Tajín, sin importar que estuvieran ahí niños, mujeres y ancianos.

La manera de ver la política desde una perspectiva no sólo vertical sino machista del gobierno del estado coloca en la vulnerabilidad de enfermedad a la población, pero también hace frágiles a los funcionarios que desde su postura prepotente limitan las medidas de precaución que tienen algunos lugares del estado.

La alcaldesa de Tamiahua, a la vanguardia de las precauciones para evitar contagios de coronavirus, fue entrevistada por TV Azteca, donde incluso habló sobre sus familiares que están en Italia y no tienen posibilidades de adquirir víveres y medicamentos, con la probabilidad latente de salir contagiados. Ante la propuesta de la presidenta municipal de Tamiahua, Citlalli Medellín, el gobierno del estado de Veracruz debe saber que cuenta con el apoyo de las asociaciones a las que pertenece, tales como la Federación Nacional de Municipios de México, de la que es vicepresidenta, y afilia a 1,625 municipios del país.

Por si este apoyo no fuera suficiente también es vicepresidenta de la Conferencia Nacional de Municipios de México, con más de 2 mil municipios afiliados.

Lo que hizo la alcaldesa fue adelantarse a los tiempos, apegada, precisamente al artículo 125 constitucional, para evitar contagios, enfermedades y muertes. Ante cualquier contingencia los limitantes de un grupo de aprendices de burócrata salen a relucir, sin importarles si está de por medio la vida de los veracruzanos que votaron por ellos y que nunca les han importado. PEGA Y CORRE. – Por fin, el Congreso de Veracruz, separó definitivamente del cargo como fiscal general del estado a Jorge Winckler, en una sesión celebrada a puerta cerrada por la pandemia. Con 33 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones se avaló cesar a Winckler, quien está prófugo de la justicia desde septiembre de 2019, cuando los diputados lo separaron temporalmente del cargo. Ahora sí no habrá pretextos para que se haga justicia en el estado… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

 

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