El Gobierno federal debe renunciar temporalmente a algunos de sus ingresos, así como eliminar proyectos “superfluos” como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía, a fin de mitigar las presiones financieras que la crisis por el Covid-19 impondrá a familias y empresas mexicanas, alertó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

En su análisis semanal, el organismo consideró que si el Gobierno toma dichas decisiones, se le daría un golpe de timón a la política económica que, con toda certeza, restituiría la confianza a la inversión.

Agregó que es inminente la necesidad de políticas contracíclicas, las cuales ayudarán a compensar, parcialmente, la reducción que viene de gasto privado ante la fuerte caída de la actividad que se prevé y para las que el Gobierno deberá hacer esfuerzos adicionales y renunciar temporalmente a algunos de sus ingresos.

En ese contexto, refirió que la política fiscal contracíclica representaría posponer la meta de un superávit primario para 2020, lo cual es riesgoso para la economía ya que el “equilibrio fiscal” percibido por los inversionistas es uno de los elementos que los mantiene interesados en el país.

De igual forma, se tendrá que elevar “transitoria y correctamente” el gasto público en salud, para contar con los insumos suficientes para afrontar la pandemia del nuevo coronavirus, en donde los recursos disponibles serán prioritarios para atender dicha enfermedad.

“Ahora más que nunca es indispensable facilitar la inversión para mantener la actividad productiva del país y con ello proteger lo más posible la planta laboral formal de las empresas. Permitir el acceso del sector privado en proyectos de energía a través del Acuerdo entre el Sector Privado y el Gobierno, representa un factor importante para minimizar los efectos negativos en el crecimiento económico; además, algunos estímulos fiscales como los que propone el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) les vendrían bien a las empresas para mitigar el ajuste en el empleo que se ve venir a toda luces”, concretó la institución privada.

Anteriormente, el propio secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, aseguró que el Gobierno está evaluando reanudar las asociaciones entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y privados, conocidas como farmouts.

Urgen estímulos fiscales ante coronavirus

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) insistió en la exigencia al Gobierno federal de implementar políticas económicas y fiscales que hagan frente a la crisis nacional que se avecina por el Covid-19, y por la que instituciones financieras prevén una contracción en la economía de 2020.

Según Carlos Salazar, presidente del organismo cúpula empresarial, si la economía nacional se contrae al 4.5% podrían perderse cerca de 800 mil empleos en diversos sectores.

“No es nada más un problema de salud que hay que atender; estamos enormemente alineados que es también un problema económico. El llamado que hacemos es a actuar en anticipado, actuar sabiendo que vienen problemas más graves y tratar de prevenirlos”, dijo.

A este llamado se sumó Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), quien dijo que el coronavirus afecta la salud de la sociedad, así como también daña la economía de millones de personas.

“Gobiernos de otros países han implementado acciones para frenar el virus al mismo tiempo que se evitan repercusiones sociales y económicas. México no puede ser la excepción, necesitamos tomar medidas”, enfatizó.

Gustavo de Hoyos, titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), pidió al Gobierno estímulos fiscales para aminorar y contener el impacto negativo en las finanzas públicas, como la suspensión temporal del pago de ISR, particularmente en el sector aéreo, turismo, logística y transporte.

 

LEG