Organizaciones de la sociedad civil se unieron para hacer un llamado al Presidente de la República y
al Congreso de la Unión para que movilicen con urgencia los recursos adicionales que se requieren para atender la próxima temporada de incendios forestales, que potencialmente tendrá grandes implicaciones económicas, sociales, así como ambientales, con impactos en la biodiversidad y calidad del aire.

 

Derivado del desmantelamiento en 2019 de las capacidades técnicas, humanas, financieras y operativas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), cuyo presupuesto se ha reducido casi a la mitad (43%) desde 2012, y de la cancelación del Programa de Empleo Temporal (PET), que permitía financiar brigadas para trabajos preventivos y atención a incendios, el País se encuentra en un riesgo muy grande, aseguró Gustavo Alanís del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

 

Aunado a esto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronostica que este año será aún más cálido que el 2019, lo que hace indispensable establecer un Plan Emergente de Contingencia para prevenir y enfrentar los incendios forestales de este año y en adelante. En el centro de este plan debe considerarse el inmediato fortalecimiento presupuestal y operativo de la CONAFOR y la clasificación del combate a los incendios como Prioridad Nacional y aspecto de Seguridad Nacional.

 

Por lo anterior las organizaciones civiles propusieron:

 

1.- Duplicar el presupuesto de la CONAFOR y fortalecer de manera urgente las capacidades
institucionales para atender integralmente la problemática de incendios forestales y agrícolas.

2.- Restituir al menos 500 millones de pesos a SEMARNAT en el presupuesto para el Programa de
Empleo Temporal (aprox. el promedio del monto ejercido en los últimos 5 años), invirtiendo de manera
oportuna y con reglas de operación claras que privilegien las acciones de prevención.

 

3.- Aumentar el presupuesto a CONABIO, el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), así como aumentar presupuesto destinado a la adaptación y mitigación al cambio climático.

 

4.- La efectiva aplicación de la ley. El uso de fuego para realizar el cambio de uso de suelo forestal es un crimen que se debe castigar con cárcel. Los lugares que han sido objeto de quema ilegal deben ser decretados como sitios de restauración ambiental, sin posibilidad de cambiar su uso de suelo (por ejemplo, a áreas de cultivo de aguacate).

 

5.- Los programas de prevención y atención a desastres, adicionalmente a tener un enfoque de
protección civil tienen que fortalecerse en materia de impactos ambientales.

 

6.- Aumentar y equilibrar el uso de recursos en CONAFOR utilizados en conservación de bosques (como el pago por servicios ambientales) con los recursos para el manejo productivo de bosques que reducen los riesgos de incendios.

 

Los integrantes de las organizaciones se dijeron «listos y con la mejor disposición de colaboración y movilizar nuestras capacidades y recursos para contribuir a la preparación del país para enfrentar los crecientes riesgos de los incendios forestales».

 

CS

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